Hubo una época en la que los gobernantes catalanes vendían la independencia como un camino relativamente sencillo. Dicho en el prolífico lenguaje que promovían los partidarios de la separación, bastaba con crear “estructuras de Estado” para que, llegado el momento, el “desacople” con el resto de España fuera más sencillo. Desde esa lógica, el expresident Artur Mas abandonó el proyecto que recoge el Estatut de crear un consorcio tributario para gestionar a medias con el Gobierno central todos los tributos de la comunidad y puso en marcha otro que bautizó “Hacienda propia”. Ese organismo debía permitir que, una vez proclamada la independencia, Cataluña recaudase los impuestos de todos los ciudadanos. Y que fuese solo cuestión de apretar un botón.
El fin del procés ha hecho añicos esa ilusión y ha devuelto a Cataluña a las arduas negociaciones para alcanzar un modelo de financiación singular que tiene dos patas que, en principio, deberían ir de la mano: la obtención de más recursos fiscales y la consecución de más autonomía tributaria. Una vez alcanzado ya un acuerdo entre el Gobierno catalán y el Estado, esa batalla se librará en tres frentes: los dos ejecutivos deberán emplearse en convencer al resto de comunidades, también a las gobernadas por el PSOE; a una mayoría del Congreso, incluyendo a socios del bloque de investidura que son reacios a ese modelo, y al personal necesario para desarrollar una agencia que ahora no tiene ni los medios informáticos que requiere el colosal reto de asumir la gestión, por ahora, del IRPF. Los inspectores de Hacienda, claves en este proceso, ya han dicho que no.
