La pelea judicial acerca de si los jueces pueden dar indemnizaciones por despido adicionales a las tasadas por la ley acaba de iniciar un nuevo capítulo. El Tribunal Supremo zanjó este mes de julio esta posibilidad al manifestarse en su contra por segunda vez, aunque hubo dos votos particulares firmados por tres magistrados. Sin embargo, aunque esta sentencia otorgó seguridad jurídica en esta batalla, no se ha dicho aún la última palabra. De hecho, según ha podido saber EL PAÍS la defensa del trabajador al que este fallo negó una compensación adicional por despido ha iniciado ya los trámites necesarios para llevar el caso al Tribunal Constitucional.
En concreto, la defensa presentó el pasado viernes en el Tribunal Supremo un incidente de nulidad de actuaciones de la sentencia del pasado 16 de julio, que es el trámite previo, y obligatorio, para acudir al Tribunal Constitucional. Si el alto tribunal deniega dicho incidente, el recorrido judicial estará agotado y se podrá presentar el recurso de amparo ante el máximo órgano intérprete de la Carta Magna.
Este trámite consiste en un recurso extraordinario a una sentencia firme al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales. En concreto, el incidente de nulidad —firmado por los abogados Raquel Miñambres y Fernando Luján— al que ha tenido acceso este periódico, estima que se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y también el derecho a la no discriminación grupal o social indirecta, ambos recogidos en la Constitución española.
