La justicia europea se interpone en el plan de deportaciones de migrantes a Albania del Gobierno italiano de la líder de la ultraderecha Giorgia Meloni, cuya viabilidad vuelve a quedar en entredicho. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) considera en una sentencia conocida este viernes que, si bien el Ejecutivo italiano tiene derecho a considerar que el país del que viene un migrante es seguro y a aplicarle, por tanto, un protocolo rápido de rechazo en frontera, en este caso en Albania, también los jueces italianos pueden valorar caso por caso si el afectado presenta un recurso. Y sobre todo, decidir según sus propias informaciones si realmente ese país es seguro o no. En resumen, la situación quedaría como hasta ahora. Y lo cierto es que los jueces han bloqueado todos los traslados realizados entre octubre y enero por el Ejecutivo de Roma, un total de tres con 73 personas, que acabaron siendo enviadas a Italia. La mayoría eran de Egipto y Bangladés.
Además, el TJUE afirma que un Estado miembro de la UE no puede designar seguro un país “que no satisfaga para algunas categorías de persona las condiciones sustanciales” de respeto de derechos humanos. Es decir, que basta que haya un colectivo o una minoría perseguidos para que todo el país sea calificado de inseguro, algo que Meloni rechazaba. En su lista de países seguros, cuyos ciudadanos se podían deportar a Albania tras ser rescatados en el mar, hay ahora 19 estados. Pero a la espera de una nueva puesta a prueba del sistema y con los criterios que ahora confirma la justicia europea, quedaría reducida a siete: Cabo Verde y seis países balcánicos. Es decir, ninguno de los que proviene el grueso de la inmigración irregular en Italia, por lo que el centro de internamiento de Gjadër se quedaría vacío, abocado al cierre. Al menos un año más, hasta junio de 2026, cuando entra en vigor el nuevo y controvertido pacto europeo de asilo, que cambia la legislación en el sentido de la posición italiana.
