El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha asestado un duro golpe a los intentos del Gobierno italiano de internar sistemáticamente a migrantes en Albania. El tribunal considera que no basta con calificar como “seguro” un país para devolver a un inmigrante al mismo. Para hacerlo, cualquier medida debe respetar, por encima de todo, los derechos humanos y permanecer sujeta al escrutinio judicial. La sentencia entorpece la maquinaria de deportación e internamiento que trata de poner en marcha Giorgia Meloni y es también una llamada de atención para los gobiernos y las instituciones europeas que busquen externalizar o acelerar deportaciones bajo el amparo del nuevo Pacto de Migración y Asilo, en el que se asumen parte de los postulados italianos.
La justicia europea da la razón a los jueces de Roma, que han bloqueado los tres traslados de migrantes decididos hasta el momento por Meloni desde que en noviembre de 2023 firmó el acuerdo con el Ejecutivo de Tirana. Según aquel pacto, Albania se comprometía a abrir dos centros de acogida e identificación de inmigrantes rescatados en el Mediterráneo. En la práctica, Roma externalizaba fuera de la UE la gestión del asilo y la deportación de inmigrantes. Si los solicitantes pertenecían a alguno de los 22 países considerados seguros por Italia, podían ser expulsados e internados esos centros de manera automática hasta su deportación. Si se aplican los criterios de la sentencia, que sostiene que basta con que haya un colectivo o minoría perseguidos para que todo el país se considere inseguro, la lista se limitaría a solo siete países.
