El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado una ofensiva a gran escala para forzar a Brasil a suspender el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, procesado en el Supremo Tribunal Federal por cinco delitos, entre ellos el de tentativa de golpe de Estado. La Procuraduría General de la República considera probado que Bolsonaro trató de impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, ganador de las elecciones de 2022, primero intentando convencer a las Fuerzas Armadas (sin éxito) y, después, con el asalto de sus simpatizantes a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, el 8 de enero de 2023.
El arma más contundente usada por la Casa Blanca es la aplicación de un arancel del 50% a los productos brasileños, la tasa más alta de las que deberían aplicarse a partir de hoy a decenas de países. El presidente Donald Trump, que considera los aranceles la piedra angular de su política económica, no tiene legitimidad constitucional para imponerlos (este poder corresponde al Congreso) pero ha decidido aplicarlos utilizando la competencia presidencial sobre política exterior. Eso le lleva a justificar sus aranceles por motivos geopolíticos, como ha hecho con países como Colombia o la India. El caso de Brasil es especialmente sangrante porque EE UU tiene superávit comercial con el país sudamericano.
