Aunque el expresidente Jair Messias Bolsonaro atraiga todos los focos, los historiadores insisten en que lo verdaderamente trascendental del juicio que encara estos días su recta final en Brasil es que varios militares de alta graduación rinden cuentas ante un tribunal civil por conspirar para perpetrar un golpe de Estado. Esta joven democracia de 40 años está muy acostumbrada a las injerencias castrenses. Seis de los ocho acusados en el caso proceden de los cuarteles. Y todos —salvo Bolsonaro, que solo alcanzó el grado de capitán— llegaron lejos en la institución. Junto al expresidente (2019-2022) y actual líder de la extrema derecha, son juzgados tres generales que fueron ministros, el almirante que dirigía la Armada y el teniente coronel que fue su secretario personal. Y dos civiles, policías.
La semana próxima, el Tribunal Supremo deliberará y dictará sentencia en este caso de alto voltaje político que Donald Trump sigue con atención y enorme disgusto desde la Casa Blanca. El proceso judicial es considerado un test sobre la fortaleza de las instituciones para neutralizar a líderes autoritarios y disuadir a posibles emuladores. Políticamente, el contexto es endiablado. Según una reciente encuesta, casi la mitad de los brasileños siente que vive bajo una dictadura judicial, mientras otros tantos consideran que el Poder Judicial actúa correctamente.
