Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que “gran parte” del dinero que las empresas gasistas abonaron a Equipo Económico, el despacho fundado por Cristóbal Montero, por sus gestiones ante el Gobierno de Mariano Rajoy para conseguir una rebaja fiscal fue posteriormente traspasado al patrimonio personal de sus socios “a través de transferencias directas”. El documento policial ―fechado el pasado febrero pero conocido este lunes― añade que estos dieron a los fondos “un destino personal”, algo que, admiten los investigadores, era la operativa “realizada de forma habitual” con los ingresos que Equipo Económico recibía de otros sectores empresariales que contrataban sus servicios.
A la vista del resultado de este documento policial, la Fiscalía Anticorrupción planteó al juez de Tarragona, Rubén Rus, que instruye la causa, que haga un nuevo requerimiento de información a las entidades bancarias para conocer, entre otros aspectos, los movimientos a y desde las cuentas de Equipo Económico al extranjero. El magistrado ha rechazado hacer esta nueva petición de momento.
En su informe ―en el que se han analizado 516 productos bancarias de ocho socios del despacho y 18 sociedades ligadas a ellos―, la UCO reduce a 673.500 euros el importe final de los pagos que siete compañías gasistas y la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM, organización que las aglutina) hicieron al despacho fundado por Montoro a partir de enero de 2014 ―un documento anterior cifraba el total de los pagos en cerca de 780.000 euros―, fecha que coincide con las supuestas gestiones que presuntamente este hizo para que el Gobierno de Mariano Rajoy, en el que Montoro era ministro de Hacienda, hiciera determinadas reformas legislativas que les supusieron una importante rebaja fiscal. El exministro y otras 27 personas han sido imputadas formalmente recientemente por estos hechos por el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, Rubén Rus, acusados de los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad.
