Los agentes destacan la “posible penetración” de la “organización criminal” en los “niveles directivos” de los ministerios de Transportes, Industria y Transición Ecológica
Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil impacta de lleno, otra vez, en el PSOE y en el Gobierno. En un documento de 182 páginas enviado al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga una trama de hidrocarburos que dirigían presuntamente Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, los investigadores concluyen que esta “organización criminal” llegó a “destinar” un millón de euros a “comprar la voluntad” de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y otros cargos públicos. Para ello, según recalcan los agentes, usaron una serie de presuntas empresas instrumentales y lograron “permear” en las “estructuras de la Administración” con “el propósito de obtener influencias a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas”.
Este reciente análisis policial, fechado el 3 de diciembre y al que tuvo acceso EL PAÍS, ahonda en la relación tejida entre el exministro y Aldama, que ya emergió como una de las figuras claves en la presunta trama de adjudicaciones irregulares de compra de mascarillas en Transportes en la época de Ábalos al frente de esa cartera —una causa que se investiga en otro juzgado de la Audiencia y en el Tribunal Supremo—. El Juzgado Central de Instrucción 5, encabezado por el magistrado Santiago Pedraz, se centra solo en el fraude de hidrocarburos, por el que no se encuentra imputado el exdirigente socialista, quien fuera también secretario de Organización del PSOE; pero sí el comisionista —de hecho, fue la trama que le llevó el pasado año a prisión provisional, de donde salió tras tirar de la manta contra Ábalos por los contratos de tapabocas—.
