Keir Starmer ha preferido tener un roto presupuestario antes que un roto político que podría haber sido irreparable. Cuarenta y ocho horas después de restar importancia a la rebelión de más de 100 diputados laboristas, el primer ministro ha decidido dar marcha atrás en sus recortes sociales, para evitar la que podría haber sido su crisis más grave desde que alcanzó el poder hace un año.
Las concesiones anunciadas en las últimas horas por Downing Street respetan las ayudas a la discapacidad y por baja de enfermedad de las personas que hasta ahora las recibían, aunque se mantiene el endurecimiento de las condiciones para los reclamantes futuros de estas prestaciones.
Si la ministra de Economía Rachel Reeves aseguró, al presentar su previsión de gasto de primavera el pasado marzo, que con la nueva ley de reforma del Estado del bienestar iban a poder ahorrarse casi 6.000 millones de euros, la marcha atrás anunciada en la madrugada de este viernes supone un agujero presupuestario de 3.500 millones de euros. Sumado al coste de otra rectificación de Starmer (la supresión de la anulación de las subvenciones universales a los pensionistas de los recibos de gas y electricidad), la factura total extraordinaria supone casi 5.000 millones de euros, y resucita el fantasma de una subida de impuestos.
