La opa hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell entra en su fase final sin que esté claro el resultado, a la luz de los obstáculos que se topa la entidad presidida por Carlos Torres. La luz verde a la operación incluye condiciones más estrictas que las exigidas por la CNMC, lo que se traduce en menores ahorros y, por tanto, un menor atractivo (al menos sobre el papel) para los inversores. Ambas entidades deberán mantener su personalidad jurídica, patrimonio separado y autonomía de gestión durante al menos tres años, prorrogables a cinco si así lo decide el Ejecutivo, en función del “interés general” contemplado en la normativa. La oferta ha cumplido ya su primer año y se resolverá, si el BBVA no se retira antes, en el mes de septiembre.
Pero, tal y como avisan los analistas de RBC Capital, el mayor problema no es tanto el plazo, sino el deterioro del valor estratégico de la operación: BBVA no podrá aplicar economías de escala ni tomar decisiones conjuntas sobre red, personal o concesión de crédito, al menos hasta 2028. Las sinergias (beneficios derivados de la combinación) quedan tan diluidas que resulta difícil justificar la operación sobre el papel: “Tres años es mucho tiempo, y la incertidumbre casi kafkiana sobre una posible prórroga hasta cinco, basada en el ambiguo principio del interés general, es difícil de digerir”, apuntan. A juicio de la firma canadiense, BBVA debería dar un paso atrás y compensar a sus accionistas por un año fallido mediante una gran recompra de acciones. “Podría estar mejor si se retira”, sentencia Lento Tang, analista de Bloomberg Intelligence.
