Tras más de un año de tira y afloja ha quedado de sobra probada la capacidad de resistencia que tiene la opa hostil lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell, pero el Consejo de Ministros le da otro apretón de tuercas y endurece las condiciones que tendrá que afrontar el banco de origen vasco si quiere culminar la absorción de la entidad catalana. La decisión del Gobierno impone una obligación de “autonomía en la gestión” de ambas entidades por un plazo mínimo de tres años y se ciñe a razones de “interés general” para impedir al BBVA despedir personal, cerrar sucursales y condicionar el crédito para las pymes. El ministro de Economía Carlos Cuerpo ha señalado que se trata de medidas “proporcionadas y equilibradas” que no bloquean la operación de absorción, pero el mismo Cuerpo ha referido, hasta en dos ocasiones, que habrá que ver si el BBVA “decide seguir adelante” con sus planes.
El Gobierno concreta en su pliegue de condiciones los recelos que había venido mostrando en los últimos meses en relación con la concentración bancaria que persigue el BBVA. El ministro Cuerpo ha sido el encargado de explicar que hay que “maximizar el valor de cada una de las dos entidades”. Por ello, se pone una línea roja en “el mantenimiento de la plantilla”, un total de 43.000 trabajadores en España. “Es un elemento esencial a dejar claro desde el primer minuto”, ha dicho Cuerpo, que ha recordado que desde el año 2022 ambas entidades han elevado su volumen de personal, por lo que ahora el BBVA tiene complicado poder justificar un posible recorte en una contingencia laboral ajena a la opa. Los sindicatos contabilizan el previsible tijeretazo postopa en más de 10.000 empleos, 3.200 de los cuáles serían en Cataluña.
