El mapa geopolítico ha vuelto a temblar con los bombardeos estadounidenses sobre Irán y la respuesta de Teherán en la base estadounidense de Qatar. El seísmo amenaza con propagarse a la cumbre de la OTAN que empieza este martes en un clima ya tenso. Los socios de la Alianza Atlántica llegan a La Haya tras días de tiranteces a cuenta de las metas para alcanzar el gasto en defensa, en los que España ha sido protagonista: el presidente Pedro Sánchez se ha opuesto a que la inversión militar alcance el 5% del PIB, el objetivo que ha puesto sobre la mesa la Administración de Donald Trump, y que supone tres puntos más con respecto al plan previo. Sánchez ha tachado el objetivo de “desconsiderado”, “innecesario” e incompatible con el Estado del bienestar, explicitando una pregunta que ya sobrevolaba desde haca tiempo: ¿hasta dónde debe llegar el compromiso con la seguridad y cuándo su aumento amenaza el resto de los servicios públicos?
El dilema no es exclusivo de España: la guerra también se libra en los balances. El aumento de la inversión militar tiene que articularse mientras se atienden otras políticas públicas y se garantiza la sostenibilidad de las cuentas, con la limitación de que los recursos públicos no son infinitos. El margen puede elevarse si la economía crece o se encuentran otras vías de ingresos, generalmente impuestos. Y también existe la posibilidad de reorganizar otras partidas presupuestarias para fortalecer determinadas áreas con los créditos de rúbricas que han quedado sin ejecutar. Pero los recursos públicos no dejan de parecerse a una manta: si se tira de un extremo, existe el riesgo de dejar al descubierto el otro lado de la cama o de hacer un agujero, y hay epígrafes que arrastran la cubierta con fuerza.
