Todo apunta a que en la inminente cumbre de la OTAN (La Haya, 24 y 25 de junio) se oficializará un nuevo compromiso de gasto entre los 32 aliados, superando con creces el que se adoptó en 2014 para llegar en una década al 2% del PIB de cada uno de ellos dedicado a la defensa. Hoy va tomando cuerpo un nuevo techo de gasto del 5%, sacralizando arbitrariamente un esfuerzo que no responde a un cálculo basado principalmente en consideraciones militares y que, de aprobarse, va a tener un considerable coste en políticas públicas para muchos gobiernos.
El Gobierno español es uno de los que ha manifestado su resistencia a asumir dicho compromiso. Señalado por Washington como un aliado cuando menos incómodo, le va a resultar muy difícil resistir la presión estadounidense para llegar a un gasto que rondaría los 80.000 millones de euros (frente a los alrededor de 33.000 actuales). Entre los argumentos a emplear para evitar una deriva que también impulsa el plan de rearme de la Unión Europea, cabe destacar los siguientes:
― No existe una cifra mágica que garantice la seguridad, ni frente al belicismo ruso ni ante el temor de perder la cobertura estadounidense. La clave estar en fijar capacidades a alcanzar, decididas y financiadas en común (no según cálculos nacionalistas), dejando a cada aliado la decisión sobre el camino presupuestario a seguir para cumplir lo acordado.
