“Cualquier día nos va a dar un infarto. No sabemos si van a llamar a nuestra puerta y ponernos en la calle”. Así resume Mari Carmen Ruiz, de 60 años, el desasosiego en el que viven los vecinos de las 91 viviendas de la barriada Estatuto de Autonomía de Écija, unos bloques de alquiler asequible construidos por la empresa municipal en el 2000 y que, tras quebrar, fueron adquiridos en 2021 en subasta pública por Desarrollos Urbanísticos Ría del Rompido, SL, una empresa endeudada con el Ayuntamiento, y que baraja o bien vender los pisos a un tercero o a los inquilinos, pero por un precio bastante más elevado que los 1.150.000 euros que desembolsó en su momento. Su esperanza de obtener una protección que blinde su precaria situación pasa por la firme intención de la alcaldesa de involucrar a la Junta de Andalucía para que garantice las condiciones de las viviendas de protección oficial y el futuro de los residentes cuando en 2030 queden libres.
La incertidumbre en la que viven los inquilinos de la barriada, unos 300, se acrecentó cuando en abril la justicia falló en contra de su reclamación para que se declarara nula la subasta pública porque nunca se les informó de su derecho de ejercer el tanteo y retracto, una opción que tampoco usó la Junta de Andalucía. Desde entonces, se sienten a expensas de las veleidades de la propietaria y su angustia se ha disparado en las últimas semanas tras recibir la visita de tres personas que querían conocer la situación de sus viviendas y que actuaban como intermediarias de un comprador interesado en adquirirlas. “Nos dijeron que venían en nombre de una inmobiliaria porque una persona había comprado un lote de 33 pisos”, cuenta Carmen. Tras constatar, además, que en las notas simples del Registro de la Propiedad aparecen consignados préstamos hipotecarios con terceros, han decidido acudir a la alcaldesa, Silvia Heredia (PP), que ya había conseguido mediar entre los vecinos y la empresa arrendadora el pasado mes de marzo.
