El escándalo de los pisos públicos de lujo adjudicados a personas del entorno del PP y del Ayuntamiento traspasa los límites de una ciudad en la que la vivienda es casi inaccesible
Toda la atención urbanística de la ciudad de Alicante está ahora concentrada en un solo punto. La urbanización Les Naus, una promoción 140 de viviendas de protección pública (VPP) aderezadas con guarnición de lujo, acapara titulares de prensa, conversaciones de...
bar y estrategias políticas. El motivo es que entre los adjudicatarios de los pisos, con piscina y pistas de pádel, desfilan demasiadas personas vinculadas al Partido Popular y al ayuntamiento que gobierna. Entre ellas, la concejala de Urbanismo, una directora general municipal, varios técnicos con nómina a cargo del consistorio y hasta allegados de un cargo de confianza de la Generalitat valenciana. Con la ciudad sumida en una profunda crisis de vivienda, como otras muchas localidades de España, nada parece detener el escándalo. Las dimisiones, graves irregularidades y denuncias ante la Fiscalía se suceden y alimentan la indignación de los ciudadanos.
La polémica saltó la última semana de enero. La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, es la propietaria de uno de los pisos de tres y cuatro habitaciones, con garaje y trastero, de la privilegiada promoción, situada en La Condomina, área del distrito alicantino de la playa de San Juan. Dos de los hijos y un sobrino de la directora general municipal María Pérez-Hickman, también. Y un arquitecto municipal. Las dos primeras han dimitido ante la evidencia de que podrían haber disfrutado de un presunto trato de favor o, al menos, haber aprovechado información privilegiada. La oposición ―PSOE, Compromís y Esquerra Unida― clama al cielo. El alcalde, Luis Barcala (PP), dice indignarse. La consejería de Vivienda ordena una investigación. Todos han acabado llevando el asunto ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial, para que estudie posibles irregularidades.
