El PSOE anuncia que llevará el caso ante la Fiscalía y la agencia Antifraude de la Generalitat, que visó la promoción que benefició a una edil y cargos municipales
La primera promoción de vivienda pública en Alicante en 20 años era un caramelo. Pisos de tres y cuatro habitaciones con garaje y trastero, en una urbanización con piscina, pistas deportivas, gimnasio y centro social. Y todo en una de las zonas más caras de la ciudad, en La Condomina, área perteneciente al distrito de la Playa de San Juan, y a mitad del precio medio de mercado. La golosina, sin embargo, estaba bien oculta. Fue el promotor, directamente, quien adjudicó las viviendas personalmente, sin que hubiera mecanismos de control ni publicidad de la oferta para la ciudadanía. Entre los beneficiados, la que iba a ser años después concejala de Urbanismo, una directora general del Ayuntamiento, que ha dimitido de su cargo, y un arquitecto municipal. Según el PSOE, “es el escándalo urbanístico más importante” durante la etapa del actual alcalde, Luis Barcala, que no ha podido esconderlo y asegura que lo va a investigar.
La presunta adjudicación irregular de vivienda pública, adelantada por el diario Información, será denunciada ante la Fiscalía una vez que se recabe toda la documentación, según han anunciado en rueda de prensa la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, y el diputado autonómico José Díaz. Ambos apuntan en dos direcciones a la hora de señalar quien tiene la responsabilidad de “no haber incluido en el pliego administrativo de licitación de la parcela ningún mecanismo de control para la adjudicación de pisos con transparencia y publicidad”. Por un lado, al Ayuntamiento, “que renunció a ejercer este control” y que, incluso, “se negó a constituir en 2018 una comisión de seguimiento de esta promoción” solicitada por el PSOE. Por otro, a la Generalitat Valenciana, que “o aplicó un trato de favor o cometió un fallo garrafal” al visar la promoción sin examinar con lupa las condiciones de los beneficiarios.
