Al menos cinco personas vulnerables del barrio del Raval que viven en pisos de alquiler público, algunos adjudicados por la Mesa de Emergencia del Ayuntamiento, han denunciado al Síndic de Barcelona y la Síndica de Greuges que el Ayuntamiento les ha subido el precio en los últimos meses, en algunos casos casi doblándolo. Las subidas comportan un salto en el porcentaje de los ingresos que los afectados destinan a pagar la vivienda y sus suministros, que alcanza el 38% en dos casos. El Ayuntamiento responde que los afectados recibían un “fondo de alquiler social” que se ajusta cada dos años, de acuerdo a la situación de sus beneficiarios, y que en estos casos los inquilinos “han expirado el plazo de aplicación de la reducción del alquiler”.
La denuncia, que comenzó con tres casos y ahora ya son cinco, señala “subidas arbitrarias” y entiende que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMHAB en sus siglas en catalán) “vulnera” la ley 24/2015 sobre los desahucios y la pobreza energética; y también un reglamento propio del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, del que forman parte el Ayuntamiento y la Generalitat, sobre “la adjudicación de viviendas y otros recursos residenciales para emergencia social por pérdida de vivienda”. El escrito cita el caso de dos personas a las que les correspondería pagar un alquiler del 18% de su renta y en 2024 se les cobró un 37% un 38,5% (de 194 y 196 euros mensuales a 406 y 420 euros), y otra que paga casi un 25% (de 273 euros a 377). En todos los casos, sin contar con los suministros de servicios básicos (agua, luz y gas).
