Cada minuto que pasa, desaparecen 30 campos de fútbol de bosques en el mundo. El año pasado fue el décimo más caluroso registrado, marcado por graves incendios forestales, inundaciones generalizadas y sequías. Detrás se encuentra un modelo de producción y consumo que prioriza el beneficio a corto plazo. La deforestación es una tragedia ambiental, pero también afecta desproporcionadamente a la agricultura y amenaza la seguridad alimentaria, los derechos humanos y la estabilidad climática.
En 2023, la Unión Europea (UE), gracias a la presión de la sociedad civil, dio un paso sin precedentes al aprobar el Reglamento de productos libres de deforestación (EUDR), con el que, por primera vez, asume su responsabilidad como segundo mayor importador mundial de deforestación ―tras China― vinculada al comercio internacional.
Sin embargo, esta legislación pionera sigue enfrentándose a más presiones para ser aplazada o simplificada hasta vaciarla de contenido. Grupos empresariales, con apoyo de varios gobiernos de la UE y países productores de materias primas agropecuarias, intentan debilitar su aplicación, escudándose en argumentos de complejidad administrativa o competitividad. Es crucial que no se ceda ante estas presiones, porque lo que está en juego es el futuro de los bosques, que son el cimiento de la estabilidad económica en regiones donde la sequía vinculada a la deforestación ya está causando disturbios y volatilidad en los precios de las materias primas por malas cosechas.
