El interventor general de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, ha guardado en un cajón durante cuatro meses dos propuestas de informe de actuación que sus auditores le han remitido para actuar contra la agencia pública Idea y el Consorcio de Transporte Metropolitano en Sevilla, por ignorar sus recomendaciones contables de control del gasto. También está paralizada desde hace un mes y medio una propuesta contra la Agencia Andaluza de Educación, que ha caído en saco roto. Los interventores delegados urgieron a Figueroa a tomar medidas contra estos tres organismos públicos, pero el jefe de la Intervención General, nombrado por el Gobierno autonómico (PP) a principios de año, las ha retenido sin ofrecer explicaciones.
El interventor general no dispone de un plazo legalmente estipulado para ratificar o rebatir una propuesta de informe de actuación, pero la pauta habitual nunca ha excedido de un plazo prudencial de dos semanas, subrayan fuentes del organismo fiscalizador. Sobre todo porque la urgencia apremia, ya que los interventores proponen un informe de actuación a su jefe cuando los organismos públicos desoyen de manera repetida sus advertencias para corregir procedimientos irregulares de gasto. “Es muy grave. Entre la propuesta y el informe no hay plazo, pero se decide sí o no rápido, porque si no procede [el informe de actuación] hay que responder al interventor que propone con una resolución motivada”, lamentan fuentes del organismo fiscalizador.
