La amenaza de cárcel sobrevuela la citación clave que el Tribunal Supremo ha realizado para continuar con la investigación sobre la trama corrupta que anidó en el Ministerio de Transportes durante tres años (2018-2021) y que, presuntamente, facilitó negocios multimillonarios a empresas privadas. El magistrado Leopoldo Puente ha llamado este lunes a declarar al exministro José Luis Ábalos y a su asesor principal, Koldo García, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que destapa el supuesto amaño de contratos de obra pública y el pago de mordidas a favor de ex altos cargos de Transportes y del PSOE. Fuentes del entorno de García explican que se plantea negarse a declarar este lunes.
Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS señalan que la Fiscalía Anticorrupción puede solicitar prisión provisional para el exministro (su aforamiento no lo impide) y el exasesor, una medida justificada ante el riesgo de destrucción de pruebas —Koldo García sugiere que tiene más grabaciones sobre actividades ilícitas que aún no ha encontrado la Guardia Civil— o el riesgo de fuga —la investigación aún no tiene pistas de dónde se encuentra el dinero que supuestamente cobraron los implicados de las constructoras beneficiadas—.
