El Gobierno andaluz, en manos del PP, ha arrebatado hace dos semanas a la Intervención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) la fiscalización de la mayoría de sus cuentas en plena tormenta judicial por los casos de los contratos de emergencia sanitarios. El movimiento desde la cúpula de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos supone despojar a la interventora del SAS del control financiero permanente, que atañe a más del 80% de sus contratos ―conciertos, contratos de obras, servicios y suministros sanitarios―. Pero también le quita la decisión sobre qué información mandar ―y cuál no― a los juzgados de Sevilla y Cádiz, que desde ahora se tomará desde los servicios centrales de la Intervención General, a un año escaso de las elecciones andaluzas.
“La Junta se jactaba de que había cesado en febrero a casi todos los jefes de división de la Intervención, excepto a la del SAS. Ahora no la han sustituido, pero da igual porque le han quitado toda su materia gruesa”, revelan fuentes del caso sobre el control financiero permanente, operativo que fiscaliza las cuentas a posteriori mediante auditorías de cumplimiento anuales. La Intervención del SAS tiene mayor peso que ninguna otra consejería andaluza dado su volumen de gasto en plantilla sanitaria y hospitales, y por eso compone una de las siete divisiones del organismo fiscalizador. A partir de ahora solo retendrá ahora la fiscalización previa del gasto, una parte muy reducida de sus funciones de control sobre el presupuesto global del SAS. El de este año asciende a 14.870 millones, el 30% de los 48.836 millones del presupuesto de la Junta.
