La jueza considera que se trata de una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España".

Apunta a posibles delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización o grupo criminal.

La magistrada considera que hay indicios de la posible comisión de un ataque grave contra integridad territorial de España y afectar a la paz o independencia del Estado.