La decisión fue confirmada por los magistrados de la Sección Segunda, que conoce asuntos laborales y pensionales del Estado.

En el Consejo de Estado buscan reversar la medida que ahorraría $62 mil millones al año. Esto se sabe.

Todos los magistrados se declararon impedidos en el caso, porque sus sueldos se calculan basándose en el de los congresistas.