El origen de la decisión está en una tutela de una mujer a la que no le permitían llevar a su perro en el ascensor de su edificio.

Tampoco pueden obligar a los residentes a pedir permisos para movilizarse con sus animales.

La sentencia T-199 de 2026 establece que las administraciones de propiedad horizontal pueden regular la tenencia de animales de compañía.