España tocó fondo en la última edición del informe PISA. ¿Y ahora qué? Los resultados publicados el pasado martes 8 de septiembre vuelven a poner frente al espejo al sistema educativo español y dibujan un problema que va mucho más allá de un puesto en un ranking internacional. Las competencias en ciencias, matemáticas y lectura siguen retrocediendo, mientras aumentan otros indicadores preocupantes, como el absentismo o la percepción de que faltan profesionales y recursos en los centros.PublicidadLa comunidad educativa lleva décadas advirtiéndolo. El curso pasado, profesores de la mitad de la península ya alertaban de que la situación había llegado a un punto límite. Este nuevo curso ha comenzado con huelgas y movilizaciones en Catalunya, Illes Balears, el País Valencià, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla y León. Detrás de las protestas hay reivindicaciones que se repiten con matices: bajar las ratios, incorporar más docentes y recursos para la inclusión y la educación especial, mejorar las condiciones laborales y salariales, invertir en centros e infraestructuras —también para hacer frente a la climatización— y reducir la burocracia y la carga administrativa. ¿Qué habría que cambiar para darle la vuelta a la crisis educativa y frenar la caída de los resultados académicos? Diferentes representantes del sistema educativo analizan para Público una serie de propuestas para revertir esta situación desde edades tempranas y afrontar los principales problemas que arrastra el sistema. 1. Cambiar la forma de enseñar y reforzar la lecturaLa comprensión lectora se ha resentido en la última edición de PISA. Uno de cada tres adolescentes españoles no alcanza el nivel básico de competencia lectora en la evaluación internacional. España obtiene 451 puntos, frente a 461 puntos de media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 459 puntos de la Unión Europea. El retroceso es especialmente acusado si se compara con la edición anterior, la de 2022: España alcanzaba los 474 puntos, por lo que en apenas tres años ha perdido 23 puntos en lectura. La caída duplica prácticamente la registrada por el conjunto de la OCDE, que descendió 14 puntos en el mismo periodo. El mazazo también se refleja en la proporción de alumnado que no alcanza el nivel considerado mínimo. Solo el 68% de los estudiantes españoles alcanza al menos el nivel 2 de competencia lectora, frente al 69% de media de la OCDE. O con otras palabras: alrededor del 32% del alumnado español se queda por debajo del nivel básico. La evolución a más largo plazo tampoco invita al optimismo: el porcentaje de estudiantes que no alcanza ese nivel mínimo ha aumentado en 15 puntos desde 2015. PublicidadEn matemáticas, el país también se ha llevado una sorpresa. Ha obtenido 457 puntos, frente a 463 de media de la OCDE y de la UE. Supone una pérdida de 16 puntos respecto al informe de PISA 2022. Para más inri, el 33% de los estudiantes españoles no alcanza el nivel 2, considerado el umbral básico de competencia matemática. Es decir, uno de cada tres alumnos se queda por debajo del nivel mínimo. La evolución desde 2015 tampoco resulta alentadora. El porcentaje de alumnado con bajo rendimiento ha aumentado 11 puntos en una década, mientras que apenas el 4% de los estudiantes españoles alcanza los niveles más altos de competencia (5 y 6), frente al 8% de media de la OCDE.El profesor Pedro González de Molina plantea recurrir a la fórmula 'flipped classroom', un modelo que invierte el sistema tradicional de enseñanzaEl profesor de Geografía e Historia Pedro González de Molina apuesta por reforzar la lectura y las matemáticas desde los primeros años de escolarización. Aunque reconoce en declaraciones a Público que varias comunidades autónomas ya cuentan con programas específicos de apoyo al lenguaje, la lectoescritura y las matemáticas, considera que estos esfuerzos deberían concentrarse especialmente en los cursos iniciales y en la etapa de Primaria. El profesor también defiende revisar las metodologías ante la expansión de la inteligencia artificial (IA). A su juicio, cualquier tarea repetitiva o enviada para casa "puede acabar resolviéndose mediante herramientas digitales diseñadas para hacer ejercicios matemáticos, redactar textos o completar actividades". Por eso, sostiene que "los deberes se van a tener que hacer principalmente en clase" y plantea recurrir a fórmulas como la flipped classroom: contenidos grabados para trabajar previamente y sesiones presenciales centradas en practicar y resolver ejercicios. El profesor advierte de una paradoja: la irrupción de la IA podría obligar a recuperar formas de enseñanza más tradicionales. "Todo lo que llevamos haciendo precisamente por innovar en el sistema educativo para hacer otro tipo de actividades que no sean las clásicas, pues va a llevar a un tipo de enseñanza mucho más tradicional", zanja.Publicidad2. Aprender a utilizar la Inteligencia ArtificialLas pantallas y la inteligencia artificial generativa ya forman parte de la realidad de las aulas. La última edición de PISA pone sobre la mesa los riesgos de un uso inadecuado. En España, el debate no pasa solo por cuánto acceso tiene el alumnado a la tecnología, sino por cómo la utiliza y qué herramientas tiene para sacarle partido. El informe señala que el móvil puede convertirse en una fuente de distracción durante las clases. Afirma que los estudiantes de centros con restricciones a su uso tienen menos probabilidades de distraerse con el teléfono. La OCDE, no obstante, advierte de que los datos no permiten establecer una relación entre los límites de uso de los móviles y mejores resultados académicos. España destaca por el uso de estas herramientas con fines de aprendizaje: el 54% de los estudiantes de 15 años asegura utilizar semanalmente un chatbot para aprender, frente al 46% de media de la OCDE. Entre sus usos más habituales están investigar temas nuevos, resumir información o preparar textos. Carmen Morillas (FAPA): "La respuesta a la irrupción de la IA no debe pasar por prohibirla, sino por enseñar al alumnado a utilizarla"Carmen Morillas, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, argumenta que la respuesta a la irrupción de la IA en las aulas no debe pasar por prohibirla, sino por enseñar al alumnado a utilizarla de forma adecuada y con fines formativos. "En la prohibición no se aprende, solo se elude la responsabilidad como sociedad de darles herramientas para enfrentarse con garantías a su vida real", sostiene en conversación con este diario. En la misma línea se pronuncia Raquel Ruiz, investigadora predoctoral en Comunicación y docente de Periodismo e Inteligencia Artificial en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). En un artículo de Público escrito por el periodista Adhik Arrilucea, la experta señaló que la única certeza es la importancia del acompañamiento en el uso de estas herramientas: "Si el riesgo es el uso no guiado, la respuesta no es prohibir la IA, sino formar a quien debe guiarla". Ruiz reclama, además, una formación docente que vaya más allá del manejo técnico de la tecnología y permita transformar las formas de enseñar, aprender y evaluar. "Necesitamos con urgencia una formación docente que no se quede en las herramientas, sino que enseñe a rediseñar cómo enseñamos, aprendemos y evaluamos —pensando con la IA—".3. Adaptarse a las nuevas realidadesAgotamiento, desmotivación y abandono. Tres palabras que aparecían ya en el Informe Mundial sobre el Personal Docente, publicado el año pasado por la UNESCO, el Equipo Especial Internacional sobre Docentes para Educación 2030 (Teacher Task Force) y la Fundación SM. La investigación dibujaba un escenario preocupante: uno de cada tres docentes reconocía haber perdido la motivación o la ilusión por su trabajo, mientras que dos de cada cinco presentaban síntomas que afectan a su salud mental, como la ansiedad o la depresión. Ese mismo año, una investigación del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol) advertía de que la profesión docente en España atraviesa un punto de inflexión que marcará el rumbo educativo de las próximas décadas. El estudio constataba que las condiciones laborales del profesorado apenas han cambiado en los últimos 15 años. La temporalidad continúa enquistada, especialmente en los centros públicos.A este escenario se suma otro de los grandes problemas más sonados entre el profesorado: la carga burocrática. Los docentes denuncian que el exceso de papeleo y trámites administrativos, muchos de ellos considerados "innecesarios", ocupa entre dos y tres horas de su jornada diaria. Un tiempo que, sostienen, debería dedicarse a preparar las clases y atender al alumnado. Por eso, entre sus reivindicaciones están: acabar con la duplicidad de documentos, simplificar procedimientos, mejorar las aplicaciones de las Consejerías de Educación y garantizar que los colegios e institutos cuenten con suficiente personal administrativo para asumir las tareas de gestión. Los sindicatos y los propios profesores relacionan esta sobrecarga con el aumento del estrés y el síndrome del profesor quemado (burnout). La receta pasa, por tanto, por mejores plantillas, menos papeleo y más tiempo para enseñar.El experto Daniel Turienzo plantea eliminar las horas de Religión y aprovecharlas para reforzar la lectura o desarrollar actividades educativasEn esa misma línea, el doctor en Educación y maestro de Infantil Daniel Turienzo apuesta por ir más allá de los parches y replantear la formación de los docentes, con un modelo que conceda mayor peso a la práctica educativa y a la inducción docente. Valora, al menos, que los profesores cuenten con un acompañamiento antes de enfrentarse solos a un grupo de alumnos. Turienzo también propone revisar el papel de las horas de Religión en los centros educativos. Su primera opción sería eliminarlas, pero si esto no fuera posible, plantea aprovechar las horas alternativas para actividades con una utilidad pedagógica. Entre sus propuestas está destinarlas a reforzar las competencias lectoras o a asignaturas optativas diseñadas por cada centro. "Así, un colegio podría, por ejemplo, dedicar ese tiempo al teatro si considera que esta actividad contribuye a mejorar la competencia lingüística del alumnado".4. Crear un indicador de riesgo educativoEl nivel socioeconómico continúa siendo uno de los factores que más condicionan el rendimiento académico. Los datos de PISA 2025 muestran que las desigualdades educativas empiezan a dibujarse incluso antes de que el alumnado llegue a las aulas. En España, la distancia entre el 25% de estudiantes con una situación socioeconómica más favorable y el 25% más desfavorecido alcanza los 71 puntos en Ciencias. El nivel socioeconómico explica el 9% de las diferencias de rendimiento en esta materia, frente al 12% de media de la OCDE.PublicidadEl informe subraya, sin embargo, que la vulnerabilidad educativa no responde a una única causa. En el caso del alumnado de origen migrante, por ejemplo, parte de la brecha de resultados se explica por su situación socioeconómica y por la lengua que se habla en el hogar. Cuando se tienen en cuenta estos factores, las diferencias de rendimiento se reducen. PISA identifica también a estudiantes desfavorecidos que logran buenos resultados pese a partir de una situación socioeconómica adversa: son los denominados "resilientes académicamente", que en España representan el 13% del alumnado desfavorecido en Ciencias.Ante esta realidad, el experto Turienzo plantea actuar antes de que las dificultades sean visibles. A su parecer, buena parte de las medidas del sistema educativo llegan cuando el problema ya se ha manifestado —cuando el alumno suspende, repite o presenta alguna dificultad—, en lugar de anticiparse a él. Su propuesta pasa por crear un índice de vulnerabilidad a nivel individual que permita detectar desde el inicio qué estudiantes parten de condiciones más adversas. "Factores como no tener progenitores con estudios superiores, ser de origen migrante o encontrarse en situación de pobreza pueden aumentar el riesgo de fracaso educativo", expone. "Identificarlos de antemano permitiría ofrecer a estos alumnos un seguimiento más personalizado y reforzar los apoyos antes de que aparezcan las primeras señales de dificultad. Es decir, prevenir antes que curar", engarza. 5. Planes específicos de financiación e infraestructurasTurienzo considera que una de las claves para abordar la crisis educativa también pasa por cambiar la forma en que se distribuyen los recursos. Su propuesta es avanzar hacia un modelo de financiación por fórmula, que combine una parte lineal —asignada a todos los centros en función de variables como el número de alumnos y sus características— con otra vinculada a las necesidades específicas de cada escuela. Para determinar esas necesidades, el docente vuelve a traer a colación la iniciativa del indicador objetivo de vulnerabilidad social que permita identificar qué centros afrontan mayores dificultades y, en función de ello, asignarles más recursos y profesionales. Pero advierte de que la inversión adicional no debería limitarse a incrementar las plantillas o el presupuesto. "Esa financiación y ese personal extra tienen que ir siempre acompañados de un plan de transformación del centro para que no solo nos lluevan recursos, sino que sepamos qué queremos hacer con ellos".PublicidadEl experto también propone reforzar la respuesta a los alumnos que empiezan a quedarse rezagados antes de que el problema se agrave. Frente a la repetición, que considera "cara, injusta e ineficaz", defiende desarrollar planes individuales de mejora acompañados de recursos, con medidas como tutorías en grupos pequeños, apoyos fuera del horario lectivo o clases de refuerzo para recuperar el tiempo perdido.La FAPA Francisco Giner de los Ríos plantea una renovación urgente de los centros con más de 20 años de antigüedadLas infraestructuras son otra de las prioridades que señala Turienzo. Bajo su mirada, la inversión acumulada durante años "resulta insuficiente y es necesario actuar para que los centros educativos sean espacios en los que el alumnado quiera estar", pero también lugares adecuados para el aprendizaje. "Garantizar que los colegios sean sitios a los que los niños quieran ir" debe ser, en su opinión, una prioridad. Para ello, reclama una mayor inversión que permita convertir los centros en espacios "correctamente acondicionados" para desarrollar la actividad educativa. En la misma línea, la presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos reclama un estudio individualizado y global de los centros educativos para conocer sus necesidades y adaptar sus instalaciones a las condiciones de habitabilidad que necesita el alumnado. La federación plantea una renovación urgente de los centros con más de 20 años de antigüedad y una revisión de aquellos construidos posteriormente, incluyendo no solo los edificios, sino también los patios y los entornos escolares.6. Replantear el modelo de la enseñanza concertadaEl último informe, La mercantilización de la educación, elaborado por la Fundación 1º de Mayo, el Instituto de Estudios Educativos Sindicales y CCOO, sitúa a la enseñanza concertada como una de las principales vías de avance de la privatización del sistema educativo. Su peso no es cosa menor: el 28,5% del alumnado de Primaria y ESO está escolarizado en centros concertados, mientras que otro 4,1% estudia en centros privados no subvencionados. Madrid se encuentra a la cabeza: el 36,4% del alumnado de las enseñanzas obligatorias está matriculado en este tipo de centros, más de uno de cada tres estudiantes.Daniel Turienzo, experto: "La concertada habría que eliminarla en gran parte, dejar solo aquella que tiene una clara vocación social y una necesidad"A partir de estos datos, el maestro Turienzo plantea avanzar hacia para que la red educativa sea más pública. Su argumento parte de la evolución demográfica: si los conciertos se mantienen mientras cae el número de alumnos, razona, el ajuste de aulas puede terminar recayendo principalmente sobre la enseñanza pública. "La concertada habría que eliminarla en gran parte, dejar solo aquella que tiene una clara vocación social y una necesidad", dice. Turienzo prevé que este escenario, unido a las decisiones de las familias a la hora de elegir centro, puede profundizar la dualización de la red educativa. Por eso, considera que, incluso si no se apuesta por una transformación completa del modelo, debería garantizarse al menos el cumplimiento de la legislación y poner fin a prácticas como el cobro de cuotas ilegales a las familias, que considera "una lacra para el sistema".Publicidad7. Un pacto educativo que sobreviva a los gobiernos España lleva décadas encadenando reformas educativas sin lograr un amplio consenso que permita dotar al sistema de una hoja de ruta estable. La LOMLOE fue la octava gran ley educativa de la democracia y, como buena parte de las anteriores, salió adelante sin respaldo parlamentario. En 2020, el Congreso la aprobó con 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. El intento de alcanzar un pacto de Estado tampoco es nuevo. En 2017, una subcomisión del Congreso trabajó durante un año y medio y escuchó a 83 comparecientes con el objetivo de sentar las bases de un gran pacto educativo. El acuerdo, sin embargo, no llegó a materializarse.Tres años antes, en 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Ángel Gabilondo como ministro de Educación, también impulsó un Pacto Social y Político por la Educación. El Ejecutivo llegó a considerar que el acuerdo era viable y que existía margen para alcanzarlo, pero finalmente reconoció que no había podido concertarlo tal y como estaba previsto. Desde entonces, las alternancias de gobierno han seguido acompañadas de cambios en la orientación y la legislación educativa. El recorrido de la LOMCE y la LOMLOE es un ejemplo de ese movimiento pendular: la segunda derogó la primera y modificó de nuevo buena parte del marco establecido por la denominada ley Wert.CSIF reclama un Pacto de Estado por la Educación con una vigencia de, al menos, dos legislaturasEn este sentido, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama un Pacto de Estado por la Educación con una vigencia de, al menos, dos legislaturas. El objetivo, inciden, es dotar al sistema de una estabilidad que permita abordar con una estrategia común algunos de sus principales problemas estructurales, desde la financiación y las plantillas hasta las ratios, la interinidad o las desigualdades entre comunidades autónomas. El sindicato defiende que la política educativa necesita una hoja de ruta que sobreviva a los cambios de gobierno y ponga freno al ciclo de reformas sucesivas. La propuesta pasa por fijar objetivos compartidos y medidas con vocación de permanencia, además de establecer unas condiciones básicas comunes para todo el territorio. Piden reforzar la cohesión del sistema y evitar que aspectos como los recursos disponibles, las ratios o las condiciones laborales del profesorado queden condicionados por la comunidad autónoma en la que se estudie o se trabaje.8. Más recursos Hace tres años, la comunidad educativa madrileña ya salía a la calle para denunciar la falta de interinos por asignar y los retrasos en el envío de profesores sustitutos a los centros donde había docentes de baja por enfermedad o permiso. El problema también se refleja en la evolución de las plantillas tras la pandemia. La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO) advirtió de que de los 33.323 profesores que se incorporaron al sistema educativo durante la vuelta a la presencialidad por la covid solo se mantuvieron o recuperaron 22.296. Los 11.027 restantes fueron eliminados, lo que supone que uno de cada tres docentes incorporados durante la emergencia sanitaria dejó de formar parte de las plantillas.PublicidadEn esta línea, CSIF reclama más inversión y recursos para la educación pública. El sindicato plantea incrementar progresivamente la financiación hasta el 7% del PIB y garantizar un gasto mínimo de 7.421 euros por alumno, además de reducir la interinidad docente al 8% y crear plazas estructurales que permitan disminuir las ratios de forma efectiva. También defiende reforzar las plantillas y los medios destinados al alumnado con necesidades especiales. El experto Turienzo añade otras dos medidas que considera especialmente relevantes. La primera pasa por ampliar la oferta pública en las etapas clave, tanto en Educación Infantil de 0 a 3 años como en Formación Profesional. En el caso de la FP, advierte de que la falta de plazas obliga cada año a muchos estudiantes a matricularse en Bachillerato pese a que su primera opción era cursar una formación profesional. Una situación que, bajo su mirada, puede contribuir al abandono educativo temprano. Su segunda iniciativa consiste en ampliar la edad de escolarización obligatoria. Turienzo señala que esto no tendría por qué traducirse necesariamente en prolongar el modelo tradicional de un alumno sentado en un aula, sino que podría combinar distintas fórmulas, como formación a distancia, periodos en centros de trabajo u otros itinerarios. "El objetivo sería evitar que los jóvenes abandonen la educación a los 16 años sin haber adquirido los conocimientos y herramientas necesarios para desarrollar su propio proyecto vital". 9. Bajar ratiosBajar las ratios es una de las principales reivindicaciones del profesorado español. En un artículo publicado en Público, Erica Polo, profesora de Física y Química en Salamanca, explicaba que "una ratio superior a 20 dificulta mucho llegar a todos los estudiantes, conocer sus problemas y ofrecerles ayuda personalizada". En la misma línea, Bernardo Cabañas, vocal de la Confederación de Asociaciones de Padres, Madres y Familias del Alumnado de la Comunidad de Madrid (CONFAPA), situaba la reducción del número de alumnos por aula entre las medidas prioritarias y defendía un máximo de 20 estudiantes por clase en Primaria y ESO, y de 15 en Infantil. También Fran Curto, profesor de Secundaria y Bachillerato en Valladolid, considera que para ofrecer una atención más individualizada "es necesario reducir el número de alumnos por aula y reforzar los recursos humanos".El experto Turienzo plantea ampliar la oferta pública en las etapas clave, tanto en Educación Infantil de 0 a 3 años como en FPEn este terreno, el Gobierno ya dio un primer paso. El Ejecutivo aprobó un proyecto de ley para rebajar el número máximo de alumnos por aula a 22 en Educación Primaria, frente a los 25 actuales, y a 25 en Educación Secundaria Obligatoria, frente a los 30 vigentes. La reducción se aplicará de forma progresiva a partir del curso 2027-2028 y deberá estar plenamente implantada en el 2031-2032. La medida se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.Publicidad10. Fórmulas para atajar el absentismoEl absentismo también está ganando terreno en España. El año pasado, el 34% de los estudiantes de 15 años aseguró haber faltado al menos un día completo de clase en las dos semanas anteriores a las pruebas PISA, 12 puntos por encima de la media de la OCDE (22%). La misma proporción, otro 34%, reconoció haberse saltado al menos una clase, frente al 24% de media internacional. Asimismo, los datos muestran un empeoramiento respecto a 2022. En apenas tres años, el porcentaje de alumnos que faltaron al menos un día completo pasó del 28% al 34%, mientras que quienes se ausentaron de alguna clase aumentaron del 29% al 34%. Respecto a esto, Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, expone dos líneas de actuación: mejorar la formación del profesorado, especialmente en Secundaria, tanto en su etapa inicial como a lo largo de su carrera, y revisar el actual modelo de prevención del absentismo escolar. La federación reclama, en concreto, una mayor preparación en evaluación competencial y de valor añadido, así como cambios en los convenios entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos para mejorar su aplicación, los plazos y la coordinación entre los distintos programas municipales.