En los bajos del número 7 de la calle Bordador Rodríguez Ojeda, en el centro de Sevilla, unos carteles alertan contra la masificación turística y el desvalimiento de los vecinos ante la desidia del Ayuntamiento hispalense por no reprimir una especulación que se extiende sin control por toda la ciudad. Pero los mensajes también evidencian el empeño de las 20 familias que residen en él para impedir que los locales que ocupan el patio interior del inmueble se conviertan en nueve apartamentos turísticos, con solárium y piscina, con capacidad para 44 personas, casi las mismas que habitan allí. “Somos David contra Goliat”, resume su lucha Carmen Aguilar, antigua presidenta de la comunidad. Una contienda en la que el gigante al que se enfrentan no es tanto la promotora, que les ha demandado para que retiren el estatuto que prohíbe este tipo de viviendas, como el consistorio, que ha desoído todas las alegaciones y advertencias sobre las irregularidades y vulneraciones del expediente para su construcción que han ido presentando. “Lo que más nos enerva es que nos sentimos desamparados por parte de la administración”, abunda Emma Rowe, una de las propietarias, que lleva dos décadas viviendo en el edificio.La lucha de los vecinos de Bordador Rodríguez Ojeda comenzó hace casi tres años, cuando constataron que los bajos del edificio habían sido comprados por un fondo de inversión. “Primero nos dijeron que iban a construir trasteros y garajes, después que un supermercado, pero empezamos a ver movimientos sospechosos y obras que no tenían nada que ver con un garaje, y como vimos el movimiento de pisos turísticos que estaba proliferando a nuestro alrededor, decidimos aprobar un estatuto que nos blindara contra la apertura en el edificio de este tipo de alojamientos en viviendas, oficinas y locales”, recuerda Aguilera. La intuición de los residentes era acertada, porque la promotora había obtenido en 2023 una licencia de obra para levantar allí apartamentos turísticos. Sin embargo, en esa primera redacción de los estatutos no se incluían los locales, un vacío que los propios vecinos subsanaron modificándolos en noviembre de 2025, cuando aún no se había otorgado la licencia de explotación ni la calificación ambiental, que incluía esos espacios. Es entonces cuando la promotora decidió interponer una demanda para que retiraran esos estatutos. La empresa, que no ha atendido a la petición de este diario de recabar su versión sobre este conflicto, también ha enviado escritos a cada uno de los vecinos advirtiéndoles de que deberán abonar hasta 250.000 euros, en concepto de daños y perjuicios, por no permitirles llevar a cabo su proyecto.Antes que a la demanda judicial, a lo que temen los propietarios y residentes del bloque es a que se altere su calma por la llegada continua de visitantes desconocidos, en el caso de que finalmente el proyecto de apartamentos turísticos vea la luz. “44 personas aquí debajo es como un hotel”, advierte Rowe. El número 7 de Bordador Rodríguez Ojeda conserva la solera añeja de los edificios centenarios -sus muros cumplieron un siglo en 2025-: puertas de madera, suelos de baldosa, rellanos amplios conectados por escalones empinados en los que se cruzan sus vecinos, la mayoría propietarios, que están unidos sin fisuras en la defensa de una convivencia amenazada por la masificación turística. “Esta es una calle muy tranquila, pero ya estamos notando los cambios con la apertura de apartamentos turísticos enfrente: el ruido de los carritos de lavandería, gritos de madrugada de gente que viene de fiesta… Esto hasta hace poco no pasaba”, incide Rowe.La posible apertura de los pisos turísticos no solo preocupa a los residentes del edificio, sino a las familias del CEIP Huerta de Santa Marina, que está a escasos 50 metros. “Tememos que ese espacio se convierta en zona de alta presión turística por las llegadas y salidas continuas de turistas y las tareas de mantenimiento asociadas: goteo de vehículos (taxis y VTC), lavandería, logística...”, advierte Pablo Neira, presidente del AFA del colegio. Ellos han trasladado esta preocupación a la Junta de Distrito por entender que esta nueva realidad sería incompatible con los logros que han conseguido, como que el acceso al centro sea zona de 20 kilómetros/hora y que esté cortado a las horas de entrada y salida. “También nos preocupa la contaminación acústica y cómo la progresiva conversión de los usos residenciales en usos terciarios del barrio, está desplazando a muchas familias y si van abandonando el casco histórico, nos quedaremos sin colegios”, sostiene.San Julián era de los pocos barrios del centro histórico impermeables a la turistificación. El pequeño comercio de toda la vida, los talleres de artesanos y los bares singulares sobrevivían gracias a los vecinos de siempre y a sus hijos que -expulsados por la gentrificación- regresaban a su barrio de la infancia. Pero la concesión de licencias para apartamentos turísticos ha ido llenando los bajos de sus calles de este tipo de viviendas, amenazando con expulsar a sus residentes, como ya ha sucedido en otras zonas del casco antiguo sevillano. “Ahora mismo hay barra libre para montar apartamentos turísticos”, advierte Ibán Díaz, profesor de Geografía de la Universidad de Sevilla y fundador del sindicato de Inquilinas en la capital andaluza, que llama la atención sobre cómo la limitación de viviendas de uso turístico por parte del consistorio hispalense ha provocado una proliferación de apartamentos turísticos en los bajos de los edificios de Sevilla. “La ley de propiedad horizontal se hizo pensando en las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos han puenteado esa norma, por lo que estamos ante una estafa masiva legal con la connivencia de la administración local”, advierte.Reclamaciones e incumplimientosMientras tanto, el patio al que dan la mayoría de las ventanas de los vecinos del inmueble de Bordador Rodríguez Ojeda ha perdido su fisonomía tradicional. La construcción de los apartamentos apenas ha dejado espacios abiertos y, cuando se instale la maquinaria de climatización, esa será la única vista que tengan quienes se asomen desde sus dormitorios, al estar a dos metros de ellos. La comunidad de propietarios no ha parado de interponer alegaciones contra la tramitación por la Gerencia de Urbanismo de la calificación ambiental por vulneración de normativas de ruido y salubridad; denunciando el incumplimiento de la licencia de obras ante la realización de excavaciones en el subsuelo, que no estaban contempladas en el proyecto inicial; llamando la atención sobre la falta de notificación de la iniciación de las obras o la modificación del proyecto; alertando sobre el riesgo de derrumbe y afección al patrimonio histórico, porque parte de la nueva estructura se está apoyando en un muro de ladrillo de época musulmana que se encuentra en el entorno protegido como Bien de Interés Cultural de la vecina Iglesia de Santa Marina; o que los trabajos llevaban paralizados desde julio de 2025, sobrepasando el plazo máximo de tres meses para su revocación, que recoge la normativa. Cada vez que se han reunido con representantes municipales, la respuesta ha sido la misma: “Cumple con la normativa urbanística y todo es subsanable”, recalca Aguilar. En esta argumentación pesa mucho la entrada en vigor de la nueva ley del suelo andaluza, que da preeminencia a la declaración responsable a la hora de otorgar las licencias urbanísticas. Esa es la misma contestación que ha recibido este diario de las fuentes de Urbanismo consultadas, que señalan que no hay motivos para suspender el expediente porque los trabajos se están desarrollando conforme al proyecto de la licencia de obras, tal y como pudo atestiguar el inspector que visitó los bajos el pasado 21 de agosto, y que cuenta con la aprobación de Patrimonio. Sobre las quejas de abandono de los vecinos, se incide en que se modificó el proyecto para eliminar la piscina en la cubierta, “tal y como ellos solicitaron”.“No nos han notificado de forma oficial ninguna modificación del proyecto donde diga que ya no va la piscina o qué van a hacer”, recalca Aguilar, que recuerda que tampoco se han subsanado los requerimientos presentados por Medio Ambiente. “Se escudan en la declaración responsable, pero eso nos deja a los ciudadanos en un desamparo absoluto que nos obliga a tener que acudir a los tribunales”, abunda Rowe.Los vecinos han trasladado su sensación de indefensión ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que ha aceptado investigar su denuncia en la que piden que se paralice la validación de la declaración responsable hasta que se resuelvan de manera motivada todas las alegaciones que han presentado. Y no han sido solo ellos, la AFA del Huerta de Santa Marina, la asociación de vecinos La Revuelta y el sindicato de inquilinas también han interpuesto las suyas propias ante el Ayuntamiento. Los estatutos del número 7 de Bordador Rodríguez Ojeda sí contemplan la prohibición de abrir pisos turísticos en los bajos y a ellos se aferran sus vecinos. “Sabemos que no se van a echar para atrás porque se les permite todo sin importarles el perjuicio al vecindario. Pero seguiremos dando guerra porque tenemos un estatuto que los prohíbe”, advierte Aguilar. Aunque se ven desamparados por la administración, sus residentes no se sienten impotentes porque les va su forma de vida en ello. Se resisten a que la masificación turística sea un freno que les despoje de un modelo de convivencia que llevan años construyendo y acabe expulsándoles del barrio.