Centenares de sevillanos se han manifestado en las calles de la capital andaluza, en plena ola de calor, en defensa del derecho a la vivienda y para alertar sobre el alza de los precios, la falta de oferta de alquiler asequible, y la colonización en el centro, pero también en los barrios periféricos, de los pisos turísticos. “A la subida de los precios, la falta de regulación y de políticas que de verdad vayan dirigidas a solucionar el problema de la falta de vivienda de la ciudadanía, se suma la falta de respuesta a la proliferación de pisos de uso turísticos”, indica Manu Fernández, miembro de la asociación vecinal La Revuelta, una de las promotoras de la plataforma Sevilla para Vivir, impulsora de la manifestación, junto a una decena más de organizaciones vecinales y de derechos humanos.Víctor y Victoria, de 35 y 30 años, respectivamente, son un ejemplo de esa combinación de problemas. Él es autónomo y ella, con una alta cualificación profesional, trabaja como ingeniera en una empresa privada cobrando “un buen salario”. Han hecho, como reconocen, “todo lo que se esperaba que teníamos que hacer para disfrutar de una vida, como mínimo, igual a la de nuestros padres”, pero la realidad es mucho más lacerante. “Tengo 35 años y no espero poder comprarme una casa en mi vida”, reconoce él. “¿Cómo vamos a pensar en tener una familia si no sabemos si vamos a tener un techo en cuatro años cuando se nos acabe el alquiler?”, abunda ella.Viven en un edificio histórico en el centro histórico. “En el año y medio que llevamos aquí, cada día vemos menos vecinos y más turistas”, dice Víctor sobre la transformación en viviendas turísticas de los pisos de su bloque. Su amiga Magdalena, de 36 años y también “con un sueldo por encima de la media”, ha comprobado cómo su casero se aprovecha de su necesidad de tener un techo y siente la amenaza de que cuando venza el alquiler, no se le renueve el contrato porque se destine a otra utilidad. “Mi contrato es de 11 meses para no atenerse a la nueva ley. Destino un tercio de mi salario a la mensualidad. Esta vida no está hecha para solteros”, dice.“Todo sigue igual o incluso peor”, abunda Iban Díaz, geógrafo y antropólogo, profesor titular de la Universidad de Sevilla y activista del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Sevilla, sobre la situación del mercado de la vivienda en la capital andaluza, casi dos años después de la primera manifestación organizada en la ciudad para alertar sobre las dificultades de los sevillanos para poder encontrar un lugar donde vivir dignamente. En este tiempo, la presión turística y la falta de oferta han provocado una fuerte subida de los precios pasando de ser una ciudad relativamente barata a estar en línea con la media nacional, en cuanto a compra, o a tener incrementos, que en el caso del alquiler de hasta el 7% en 2024, que se ha moderado en dos puntos en el último año. “Ahora además estamos en un proceso inflacionario al que no le están poniendo coto por lo que cada vez que se firma un contrato se hace en peores condiciones porque el ritmo de revalorización de los alquileres y de la vivienda es tres veces superior al de los salarios”, incide Díaz.Ambigüedad de la vivienda social municipalCTOVJ55UTNBDRIBZEFJHA2UYR4Desde el Ayuntamiento hispalense, que gobierna el PP en minoría, se incide en las iniciativas para construir vivienda social, con la construcción de 6.134 viviendas protegidas. “Somos la capital del sur de Europa de la vivienda protegida”, señala su alcalde, José Luis Sanz, que también defiende las limitaciones a las licencias de pisos turísticos, si bien reclama una mayor dureza por parte de la legislación autonómica para poder imponer moratorias -una medida, que sostiene que la norma actual no permite, aunque su homólogo de Málaga, Francisco de la Torre (también del PP), la ha aplicado en su ciudad-. Organizaciones como la asociación vecinal Macarena Haciendo Barrio -integrada en Sevilla para Vivir-, están recabando firmas para solicitar una moratoria sobre la concesión de licencias de pisos turísticos. “Sevilla es una de las ciudades que concentran mayor número de este tipo de viviendas, y esto está expulsando a los vecinos de sus barrios, también faltan inspectores para perseguir los que son ilegales…”, destaca Nuria de Tena, miembro de esa entidad. Ella llama la atención sobre el caso de los residentes del número 7 de la calle Bordador Rodríguez Ojeda, en el barrio de San Julián -uno de los que no tiene el porcentaje mayor de limitación de licencias para pisos turísticos-, que se están movilizando ante la decisión del Ayuntamiento de permitir la construcción en sus bajos de nueve alquileres de uso turístico, pese a que han manifestado su oposición.Las políticas municipales no convencen a las organizaciones convocantes. “Claro que hay que hacer vivienda pública en alquiler, pero que permanezca pública de manera indefinida y a precios sociales”, incide Díaz, que recuerda que en las promociones financiadas por el Ayuntamiento de Sevilla los pisos cuestan más de 300.000 euros. “Se trata de vivienda pública construida con recursos públicos para clases medias que no necesitan esos recursos públicos”, señala.Los convocantes también llaman la atención sobre la ambigüedad del equipo de gobierno municipal a la hora de defender la vivienda social y ponen como ejemplo el caso de las 102 viviendas en régimen de alquiler social de la avenida Jiménez Becerril, subastadas a un fondo buitre, porque el Ayuntamiento decidió renunciar a su opción de compra preferente. “Es un despilfarro de los recursos públicos para especular y privatizar”, señala De Tena.La mayoría de los manifestantes son gente joven, universitarios como Luis, de 22 años, que estudia ingeniería, y Alma, de 21, que estudia Trabajo social -nombres supuestos porque no han querido dar los suyos-. Viven con sus padres, pero se han hecho a la idea de que seguirán así mucho tiempo por la falta de vivienda. Un problema que es una constante entre las conversaciones en la facultad, igual que en los trabajos de Víctor, Victoria y Magdalena, o en la casa de Miguel Guerrero y su mujer Blanca. Su hija y su marido, funcionarios, viven de alquiler y no encuentran nada asequible -“con las VPO del Ayuntamiento a 300.000 euros se van a hipotecar de por vida”, dice ella-; Su hijo, de 30 años, está opositando para ser funcionario de Museos y vive con ellos. “Si obtiene plaza en Madrid, que es donde hay más museos nacionales, tendremos que ayudarle”, cuenta Miguel.Para los manifestantes la solución no pasa por dejar hacer al mercado, como aboga la Junta de Andalucía, competente en materia de vivienda, a través de su ley de vivienda. “El Gobierno autonómico no está aplicando la ley de vivienda estatal, que también consideramos que es insuficiente, por lo que la solución ahora mismo pasa por intervenir en el mercado tanto en el precio como en la oferta”, defiende Fernández. “Ahora mismo tenemos una emergencia habitacional y la respuesta no pasa solo por construir”, abunda. “Nosotros somos partidarios de prohibir los pisos turísticos. No puede haberlos en suelo residencial”, defiende Díaz. “También habría que intervenir sobre las viviendas vacías, hacer una tasación agresiva de las que existen y adoptar medidas facilitadoras para que salgan al mercado”, añade.