Los corralones de la calle Castellar, en pleno corazón de Sevilla, eran un espacio vivo y dinámico, donde los zapateados de los bailaores y las academias de flamenco se enredaban con el martillar de carpinteros y orfebres, el crujido de la gubia en la madera de los imagineros, el zumbido de los tornos de los ceramistas, las caricias sordas de los pinceles de los talleres de pintura y las risas despreocupadas de los niños del colegio concertado Calderón de la Barca. Ahora, lo que se escucha son los gritos amenazadores de los trabajadores de una empresa de ‘desokupación’ contra una de las pocas inquilinas que siguen residiendo y resistiendo en esta suerte de nave industrial, un espacio único, inherente a la tradición y esencia socioeconómica de la capital andaluza que, como los otros corralones del centro de la ciudad, han sido -y en varios casos siguen siendo- lugares de creación e intercambio cultural y de conocimiento, donde los artesanos han desarrollado su trabajo durante décadas. Una opaca operación urbanística pretende convertir este espacio en un hotel y viviendas de lujo y amenaza la supervivencia de este enclave histórico. Sus actuales propietarios están ejerciendo un acoso inmobiliario sobre sus arrendatarios para forzar su salida y tener vía libre para acelerar la transacción, denuncian los profesionales que allí trabajan y trabajaban, arropados por movimientos vecinales que defienden la supervivencia de los corralones como un patrimonio de la ciudad frente a la especulación. El Defensor del Pueblo Andaluz también estudia su caso.“Esto viene de largo. Ya en abril del año pasado se instaló la empresa desokupa y empezaron a cortar el suministro eléctrico a algunos artesanos para forzarles a irse, en enero controlaron el acceso a los talleres…”, cuenta Estefanía Ramírez, profesora de pintura y educadora, una de las pocas inquilinas que resiste y el principal objeto de hostigamiento por parte de la empresa García Seguridad Integral. De los 16 locales que estaban en activo entonces, ahora apenas quedan cuatro espacios abiertos. Estefi ha denunciado agresiones físicas, además de los insultos continuos -recogidos en grabaciones- o las pintadas en las paredes interiores del corralón que la señalan como okupa y daños en la estructura del edificio que cuenta con protección especial. La violencia ha ido escalando hasta que, este martes, varios desokupas allanaron con violencia su vivienda. Tres de ellos fueron detenidos. “Lo que estamos viviendo es surrealista. Esto comenzó con los desahucios ilegales, están destruyendo los espacios, los están abandonando, obligando a los artesanos a irse y tener vía libre para la operación inmobiliaria”, sostiene.La degradación de la convivencia y el progresivo apagón de la vida cultural y artesana de los corralones de Castellar forma parte de una estrategia deliberada de los últimos propietarios del espacio -cuya empresa mayoritaria es Garaje Santa Inés, que adquirió el inmueble en 2006-. “La intención del titular era convertir el lugar en un aparcamiento y desde ese momento empezaron a enviar cartas de desalojo y desahucio a muchos de los talleres”, recuerda Pablo Montaño, encuadernador, que durante muchos años tuvo su local en los corralones y que acabó por irse, cansado del ambiente de tensión y de amenazas constantes. Es a partir de entonces cuando los contratos empezaron a renovarse mes a mes, sin que fueran acompañados de los obligados trabajos de mantenimiento de las zonas comunes. Montaño impulsó en esa época la asociación La PACA (Plataforma de Artesanos y Artesanas del Casco Antiguo) para oponerse al cambio del PGOU que pretendía cambiar la calificación del suelo de pequeña industria a urbanizable. La presión obligó a retroceder al Ayuntamiento, pero casi 20 años después, la especulación urbanística vuelve a amenazar la supervivencia de los corralones. En 2023, los propietarios firmaron con la empresa onubense Arenas de la Bellida un acuerdo de compraventa de los terrenos por un valor de 12 millones de euros para la construcción de un hotel y 35 apartamentos y que incluye la supresión del centro educativo, de acuerdo con el Plan de Reforma Interior que la promotora presentó al Ayuntamiento el pasado enero. El contrato tiene una vigencia de tres años, que expiró en principio en junio de este año, y que está sujeta a dos condiciones: que todos los locales estén vacíos y que el Ayuntamiento cambie la calificación del PGOU. “Ninguna se ha cumplido hasta el momento”, reconoce a este diario el CEO de Arenas de la Bellida, Alfredo Quintero, un destacado promotor urbanístico, que no parece estar apremiado por que los plazos hayan vencido. “La compraventa ya está formalizada”, incide.Expulsadas de sus estudios con contrato en vigorEva Verbruggen y Maca Sánchez son, junto con Estefi, dos de las principales damnificadas por ese acoso inmobiliario del que Arenas de la Bellida se desentiende. Ambas se encontraron el 1 de mayo con las cerraduras de sus respectivos locales, una academia de baile y un estudio de percusión, bloqueadas por orden de la propiedad, según le dijeron los desokupas. Verbruggen tenía un burofax de Garaje Santa Inés que le confirmaba que podría estar en el espacio hasta el 1 de septiembre; Sánchez otro que le daba de plazo hasta 21 de junio. La primera sigue sin poder acceder a su academia donde guarda todos los enseres que necesita para su trabajo. La segunda se vio obligada a firmar un documento que considera ilegal en el que accedía a resolver el contrato por su propia voluntad para poder retirar sus instrumentos. “Los necesitamos para trabajar y con las humedades que la propiedad se negaba a arreglar era inviable dejarlos allí”, cuenta.“Parece que no hay límites, que pueden salir impunes y que no hay ninguna respuesta por parte de la Administración. Cometen comportamientos de una agresividad muy graves y hasta ilegales y no pasa nada. Nos sentimos desvalidos completamente”, recalca Verbruggen. Ella es una bailaora belga que llegó a los corralones en 2008. Tras las fuertes lluvias de finales de enero Verbruggen pidió a sus caseros que le arreglaran el techo del estudio, pero le respondieron que no lo iban a hacer por “la presente de los okupas” y le ofrecieron abandonar el espacio y regresar dentro de unos meses, cuando lo reformaran. Luego se conoció el contrato de compraventa y Verbruggen constató que había sido “manipulada”. Ella fue una de las arrendatarias de los corralones que acudió a un taller de acoso inmobiliario que el Sindicato de Inquilinas organizó el 19 de marzo en casa de Estefi. “El propietario me llamó hasta cinco veces para decirme que como había acudido al taller ya no iba a entrar más en el local”, cuenta. Ella ha invertido mucho dinero en ese local. Pero más allá del valor material, está el humano. Da clases a personas sin recursos, a extranjeros que encuentran allí un lugar no solo para aprender sevillanas, sino para conocerse y relacionarse. “No bailo en el Maestranza, mi labor es más social y cultural”, esgrime. El 16 de julio es el juicio por su desalojo irregular. Sánchez también coincide en que la asistencia al taller de acoso inmobiliario fue el detonante de la expulsión de su estudio de música. Un día después de encontrarse taladrada su cerradura, acudió a un juzgado a solicitar medidas cautelares para poder acceder al local, sin éxito. Ella y su socio han puesto toda esta situación en manos de un abogado. “Nos han tachado de okupas y nos han revestido de mala fama, pero muchos de los que estamos aquí teníamos contratos”, advierte.Alejandro Becerro, uno de los titulares de Garaje Santa Inés, tiene una percepción diametralmente opuesta. Sostiene que cuando se hicieron cargo de ellos se los encontraron en una situación de abandono y que su intención es “recuperar” el espacio por sus propios medios para acabar con las ejecuciones hipotecarias -los corralones tienen una anotación de embargo por 42 millones de euros-. Él estaba presente cuando, este martes, varios desokupas agredieron con violencia a los jóvenes que estaban en casa de Estefi. Rechaza la operación urbanística, pese a que el responsable de la promotora niega la mayor: “Nosotros somos los propietarios, pero no tenemos la posesión”, zanja. De hecho, el plan de reforma ya ha sido analizado por el Ayuntamiento y está a la espera de que Arenas de la Bellida responda a sus apreciaciones.La continuidad del colegioEl consistorio ha asegurado que no autorizará ninguna operación que ponga en peligro la continuidad del colegio y que se está planteando la expropiación de los corralones para garantizarla. Sin embargo, el plan presentado por la promotora no contempla la subsistencia del centro educativo, es más, insta a la Consejería de Educación a que “se adelante y reorganice las líneas” del colegio y las traslade a otros centros. “Hay dos opciones que el espacio, que está muy deteriorado, se quede como está, o nuestro proyecto”, recalca Quintero.Las familias del colegio, cuyos hijos han convivido estos últimos meses del curso con los episodios de amenazas de los desokupas a las inquilinas, recibieron por parte de la dirección, una cooperativa de docentes laica, una nota en la que pedían calma y aseguraban contar con el “compromiso firme” del Ayuntamiento para trasladarse a un nuevo solar en la misma zona, un extremo que las fuentes municipales no confirman. “El colegio está muy deteriorado y se ha aumentado el alquiler y un espacio mejor no estaría mal, pero muchas familias lamentamos tener que estar dependiendo de la especulación constantemente”, indica una madre que pide mantener el anonimato. “Este lugar es auténtico, respira historia, tiene alma y te inspira”, describe Verbruggen la magia de los corralones que los hace únicos. “El patrimonio de Sevilla no es solo el barroco, los corralones también forman parte de la idiosincrasia de la ciudad”, incide Montaño, que advierte de que, si la operación inmobiliaria prospera, otros corralones podrían seguir el mismo camino."Hemos denunciado y acudido a los juzgados, creyendo que el sistema podría funcionar"Las inquilinas de los corralones de Castellar y el equipo de asesores legales que les apoyan lamentan la ausencia de respuesta por parte de las instituciones públicas cada vez que han llamado la atención sobre las situaciones de acoso y las irregularidades que han venido sufriendo en los últimos meses. "Llamamos a la policía, y antes acudían, pero ahora ya han dejado de venir o lo hacen muy tarde", señala Estefanía Rodríguez, una de las arrendatarias que sufre mayor hostigamiento. "Cuando llamé a la Policía Nacional para que me dejaran acceder a mi local, me dijeron que me pasara por la comisaría a recoger el atestado y tengo el juicio el próximo 16 de julio y no tenemos constancia de que exista", indica Eva Verbruggen, bailaora que teniendo contrato en vigor hasta el 1 de septiembre, se encontró con la cerradura de su academia de baile bloqueada el 1 de mayo. "Hemos denunciado y acudido a los juzgados, creyendo que el sistema podría funcional", incide Maca Sánchez, percusionista, en la misma situación que Verbruggen y que el 2 de mayo pidió medidas cautelares a los juzgados para poder acceder a su local, sin haber obtenido respuesta."Con la de denuncias que hay acumuladas, la Fiscalía tendría que haber abierto una investigación de oficio", sostiene Jaime Jover, investigador del IESA-CSICportavoz del Sindicato de Inquilinas. Fuentes oficiales reconocen a este diario que en ocasiones los agentes de la Policía Nacional han acudido a los corralones sin tener un conocimiento preciso de lo que sucedía -sobre todo cuando han sido llamados por la empresa de desokupación alertando de okupaciones inminentes, que en realidad eran celebraciones de comidas o reuniones para asesorarse ante la situación de acoso inmobiliario. Esas mismas fuentes indican que están recopilando todas las denuncias y recabando información sobre la situación administrativa del inmueble.