Aragón quiere seguir siendo el paraíso de los centros de datos, “la Virginia europea” que describe continuamente su presidente popular, Jorge Azcón. Y para ello, hoy su Ejecutivo ha reclamado al Gobierno de España “una revisión integral” del proyecto del Real Decreto que pretende regular estas instalaciones para garantizar su sostenibilidad y equilibrio. El Ejecutivo aragonés ha presentado alegaciones a este texto porque considera que con los requisitos actuales, “ni uno solo de los centros de datos proyectados puede seguir adelante y se comprometen también otras industrias”. Aragón, junto con la comunidad de Madrid, se ha convertido en los últimos años en un polo de atracción tecnológico de este tipo de proyectos liderados por grandes empresas como Amazon —que considera esta región estratégica y ha anunciado más de 30.000 millones de inversiones— o Microsoft o Blackstone. “Ningún centro de datos en tramitación puede actualmente cumplir los requisitos del Real Decreto”, ha dicho hoy tajante la consejera de Economía, Eva Valle, que considera que “las inversiones pendientes están en peligro en Aragón”. Se refiere sobre todo al criterio de corresponsabilidad horaria y garantía de coproducción renovable de al menos un 80% durante todas las horas del día que el proyecto de RD exige a estas instalaciones y que se ha convertido en su punto más espinoso.El gobierno aragonés ha explicado hoy que presenta alegaciones agrupadas en cinco líneas bajo la premisa de que “los requisitos energéticos previstos en parte de los artículos del RD son extremadamente difíciles o imposibles de cumplir con la configuración actual del sistema”. Por eso, exigen también la reconsideración del régimen transitorio previsto en este texto para evitar su retroactividad actual y la ruptura de la seguridad jurídica. Según alerta el ejecutivo autónomo, el RD tal y como está “incrementa el riesgo de litigiosidad y de posibles reclamaciones patrimoniales contra las administraciones públicas”. En definitiva, lo consideran un cambio de reglas a mitad del partido que les puede pasar factura con las empresas y sus inversiones proyectadas. Sin embargo, y a pesar de que el RD está en trámite, el gobierno aragonés ya ha anunciado que “no paralizará la tramitación de ninguno de estos proyectos”, aunque Eva Valle también puntualiza que las obras en marcha dependen de los promotores y son ellos los que tendrían que comunicar una posible paralización. Aragón también cuestiona la Memoria del Análisis de Impacto Normativo que acompaña el proyecto del RD, por considerar que no incorpora una evolución rigurosa de los efectos económicos, sobre la competencia, presupuestarios y territoriales de esta regulación propuesta. Pero alegaciones al margen, para los populares lo mollar es que la actual red eléctrica no está en condiciones para responder a este incremento de demanda por el aluvión de inversiones altamente consumistas de energía. “Han sido incapaces de planificar y ejecutar y asegurar los accesos a la red. Ahora el Gobierno de España se erige en árbitro del racionamiento para decidir a quién asignará la escasez”, critica la consejera, que ve también “riesgo de arbitrariedad y discrecionalidad en el Ejecutivo a la hora de decidir qué proyectos tendrían su beneplácito”. “El Gobierno de España nos va a penalizar por haber hecho los deberes con la llegada de inversiones”, ha llegado a decir el presidente Azcón.Y también considera este RD de difícil cumplimiento el clúster de la energía en Aragón, que también ha presentado sus alegaciones. Su presidente, Pedro Machín, aseguraba que “no se pueden exigir los requisitos antes de instalar los data centers y resulta una contradicción pedir la máxima eficiencia en los dos parámetros, el agua y la energía. “Es como la manta corta, o te tapas los pies o la cabeza”.Frente a esta postura del Gobierno autónomo y las empresas, la presión social contra los centros de datos también está creciendo en Aragón. Asociaciones vecinales y ecologistas han expresado su preocupación por la cercanía de estas instalaciones gigantes al entorno urbano de la capital aragonesa. Y en municipios limítrofes, varios ayuntamientos del cinturón de Zaragoza han presentado alegaciones contra la instalación de estas granjas de servidores.