SpainDC, la asociaci�n espa�ola de data centers, ha se�alado hoy que el proyecto de decreto para regular los centros de datos (CPD) que prepara el Gobierno equivale a un veto o a una prohibici�n de facto para el sector, debido a la acumulaci�n de restricciones que incluye y que hacen que Espa�a haya pasado de ser el pa�s m�s atractivo de Europa para instalar CPD al menos atractivo.En una rueda de prensa en la que han intervenido Emilio D�az, presidente de la patronal y Bego�a Villacis, directora ejecutiva de SpainDC, la patronal ha confirmado que ya hay en juego 9.000 millones de euros en inversiones para centros de datos en Espa�a, tras el aviso de que tres empresas internacionales que estudiaban proyectos para estas infraestructuras los frenar�n si sale adelante el real decreto del Gobierno, como ha adelantado hoy EXPANSI�N. Villacis ha apuntando que los efectos solo del anuncio del decreto han sido "devastadores". "La sensaci�n de inseguridad jur�dica que estamos provocando es inadmisible", ha indicadoEl Ejecutivo espa�ol exigir� que los centros de datos respalden con nueva generaci�n renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un m�nimo del 80% de su consumo energ�tico. En este contexto, la asociaci�n present� ayer sus alegaciones a este proyecto de real decreto, desarrollado por los Ministerios para la Transici�n Ecol�gica y el Reto Demogr�fico; Econom�a, Comercio y Empresa; y Transformaci�n Digital y Funci�n P�blica.El presidente de SpainDC, Emilio D�az, ha instado este viernes al Gobierno a sentarse a dialogar sobre esta cuesti�n, puesto que el sector desconoc�a los planes del Ejecutivo y el real decreto inclu�a "cosas que eran muy graves" para la industria. "Desde el primer d�a solicitamos una reuni�n y se nos remiti� a las alegaciones", ha lamentado, al tiempo que ha avanzado que todav�a no hay un encuentro agendado.D�az ha a�adido que los proyectos de los tres inversores que han amenazado con marcharse si se aprueba el decreto, cuyo nombre no se ha desvelado, representan el 15% de los 66.900 millones de euros en inversiones previstos para Espa�a hasta 2030.En riesgo el 90% de la inversi�nSin embargo, con este nuevo planteamiento legal estar�a en riesgo entre el 80% y el 90% de esa nueva inversi�n prevista de 67.000 millones, susceptible de elegir Espa�a como destino.Las inversiones buscan seguridad jur�dica y las compa��as comparan energ�a, disponibilidad de red, permisos, costes, plazos y estabilidad regulatoria. "Espa�a no compite consigo misma, si una inversi�n deja de cuadrar aqu�, puede hacerse en otro pa�s", ha advertido D�az, que ha se�alado que pa�ses como Francia, Portugal o Italia pueden acoger las inversiones que se deslocalicen de Espa�a.Asimismo, D�az ha estimado que, en funci�n de su nivel de desarrollo, entre un 40 y 50% de esa inversi�n total puede estar actualmente comprometida, es decir, entre 26. 800 y 33.500 millones de euros.En este sentido, ha explicado que el verdadero "punto de disparo" para ejecutar las inversiones es la concesi�n del punto de acceso a la red el�ctrica. "Hasta que no est� el punto de acceso concedido no se dispara la inversi�n", ha subrayado.A este respecto, ha aclarado que, aunque los terrenos pueden adquirirse de forma directa, la pr�ctica habitual en el sector es firmar opciones de compra. De este modo, si finalmente no se concede el permiso de acceso, se evita mantener un suelo en el que no sea viable instalar otra industria. "Lo que realmente dispara la inversi�n es la obtenci�n del punto de acceso", ha reiterado.El pa�s m�s restrictivoPor su parte, la directora ejecutiva de la asociaci�n, Bego�a Villac�s, ha afirmado: "Podemos negociar, pero lo que no es negociable es que Espa�a se convierta en el pa�s m�s restrictivo de Europa".La directiva ha explicado que las alegaciones presentadas "se nutren" de todo el sector, formado por m�s de 300 socios. "Este real decreto ha conseguido la completa unanimidad en contra de su aplicaci�n", ha criticado.Rechazo frontal"�Si somos sostenibles por qu� cambian la normativa?", se ha preguntado Villac�s en el marco de la presentaci�n este viernes de las alegaciones que SpainDC ha presentado tras conocerse el nuevo real decreto.La asociaci�n ha mostrado su rechazo "frontal" a esta normativa que regula los requisitos de sostenibilidad energ�tica, medioambiental, resiliencia y soberanr�a digital aplicables al sector."No estamos ante una obligaci�n aislada; la suma de requisitos puede convertir esta regulaci�n en un veto al sector. El dise�o es inviable", ha se�alado D�az.Aristas jur�dicasLa preocupaci�n de SpainDC no se limita al impacto empresarial y econ�mico, las alegaciones presentadas por la asociaci�n reflejan las dudas que tambi�n hay sobre el fondo jur�dico del texto."Hay elementos que creemos contrarios al ordenamiento jur�dico y sobrepasa lo que puede hacerse por esta v�a. Cuando una norma impone obligaciones de esta intensidad, la cobertura legal tiene que ser especialmente s�lida", ha explicado Villac�s.Desde que se dio a conocer el texto propuesto por el Gobierno, SpainDC ha mantenido su postura de que la intensidad, acumulaci�n, plazos y penalizaciones impuestos por el nuevo r�gimen hacen que el resultado sea desproporcionado y la consecuencia perjudique la competitividad de Espa�a frente al resto de Europa.Por eso, SpainDC ha advertido de que todos estos factores tienen consecuencia directa sobre la capacidad de Espa�a para competir por nuevas inversiones.RetroactividadUno de los principales motivos de rechazo es que el proyecto normativo no afecta �nicamente a futuras inversiones, sino tambi�n a proyectos que llevan a�os desarroll�ndose e invirtiendo bajo el marco regulatorio actual.Determinados proyectos que ya cuentan con permisos de acceso y conexi�n concedidos tendr�an seis meses para adaptarse; esto significa que compa��as que ya tiene comprometidos suelo, licencias, obra, financiaci�n, equipamiento, contratos energ�ticos o acuerdos con clientes deben empezar a planificar de nuevo desde cero.R�gimen sancionadorLas objeciones de SpainDC alcanzan tambi�n al r�gimen de consecuencias previsto. El proyecto contempla 'recargos' de entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos, pero Villac�s ha expresado las dudas de que, por su magnitud, sean realmente sanciones camufladas.Entre las alegaciones presentadas tambi�n figuran las relacionadas con la "preocupante" combinaci�n de adicionalidad renovable y correlaci�n temporal.Incumplimiento de la gigafactor�a de IAPor otro lado, desde SpainDC han alertado de que las exigencias del texto entrar�an en contradicci�n con proyectos clave para el propio Ejecutivo. En concreto, han se�alado que la futura gigafactor�a de inteligencia artificial (IA) no cumplir�a con los requisitos que pretende fijar el Gobierno."Nosotros por pol�tica no mencionamos proyectos concretos, pero hay uno que por su notoriedad s� se puede hablar de �l porque nos representa en Europa, que es la gigafactor�a. En ese caso concretamente no cumplir�a los requisitos que establece el Gobierno", ha advertido Villac�s.En este sentido, la directiva ha calificado de "contradicci�n" que la propuesta estrat�gica que Espa�a abandera ante Europa "no cumpla los requisitos" que el propio Ejecutivo pretende exigir en el �mbito nacional.