El sector de los centros de datos en España se prepara para dar la batalla legal ante el nuevo Real Decreto que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica. Entienden que las inversiones internacionales realizadas bajo un marco normativo previo se ven ahora alteradas por un cambio en las reglas de juego a mitad de camino, lo que dará origen a reclamaciones de indemnizaciones multimillonarias por parte de numerosos operadores.Según advierte Begoña Villacís, directora ejecutiva de la patronal Spain DC, el impacto directo de esta regulación compromete unos 9.000 millones de euros en proyectos de inversión de tres promotores que ya han advertido que abandonarán los mismos si la regulación se aprueba tal y como salió a consulta pública a finales de agosto. La patronal calcula una inversión acumulada de 66.900 millones de euros en España hasta el año 2030, de los cuales entre un 40% y un 50% ya se encuentra ejecutado o comprometido en firme. “Se ha proyectado una imagen muy preocupante de este país al cambiar las reglas a mitad de camino”, afirma Villacís, quien señala que la normativa pone además en riesgo 16.000 puestos de trabajo.La directiva denuncia graves vicios jurídicos en la norma, como la falta de proporcionalidad, la violación del principio de reserva de ley y la imposición de un régimen sancionador encubierto que escala hasta la pérdida de los permisos de acceso. Asimismo, advierte de la pérdida de soberanía digital frente a socios de nuestro entorno: “Europa tiene que competir por tener los centros de datos dentro de sus fronteras; a nadie se le escapa que es conveniente que el botón de encendido esté en tu país”. Para Villacís, el freno normativo en España provocará que los proyectos migren a países vecinos como Portugal, haciendo que España soporte las externalidades mientras la riqueza se genera fuera.Por su parte, Emilio Díaz, presidente de Spain DC, y la dirección de la asociación reclaman al Gobierno el cese de una regulación elaborada “de espaldas al sector” y proponen articular un concurso de méritos mediante el diálogo con la industria real. Desde la entidad recuerdan que las exigencias del decreto —como contemplar un 80% de autoconsumo renovable y una estricta correlación horaria— son “de imposible cumplimiento técnico” y bloquean la firma de contratos de compra de energía (PPAs).“Queremos ser consumidores de energía, no generadores; ese no es nuestro negocio”, recalca el presidente de la patronal y CEO de Nabiax, defendiendo que no se puede exigir a los operadores convertirse en expertos en combinar fotovoltaica, eólica y baterías. La asociación recuerda que los centros de datos apenas representan el 0,8% de la demanda eléctrica nacional y alcanzarían como máximo un 3% en 2030, lejos de los niveles de saturación de países como Irlanda. Por ello, instan al Ejecutivo a sentarse a negociar un marco razonable que no asfixie el desarrollo tecnológico del país.En cualquier caso, tanto Villacís como Díaz se han mostrado dispuestos a que haya un monitoreo del crecimiento de los centros de datos y en caso de producirse impactos negativos para la economía, como un incremento de la factura eléctrica de los consumidores, se puedan tomar medidas. Pero discrepan de ese planteamiento y creen que su actividad no generará esas externalidades negativas que anticipa la administración. Además, Villacís ha considerado “discriminatorio” el trato dado a un solo sector, el de los centros de datos, frente a otras industrias cuyo consumo eléctrico es muy superior. Según sus estimaciones, en España no se harán más de 3 gigavatios (GW) de centros de datos en España hasta 2030, frente a los 12 GW que estima el Gobierno en base a las solicitudes de conexión a la red eléctrica. Actualmente, hay 0,4 GW de potencia en data centers operativos. La respuesta del GobiernoLejos de guardar silencio tras la amenaza de reclamaciones de la patronal de los centros de datos, el Ministerio para la Transición Ecológica ha reafirmado su nueva normativa. También el punto más conflictivo para los operadores: “Los centros de procesamiento de datos (CPD) españoles consumirán un 80% de nueva energía renovable en todas sus horas de funcionamiento –mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo–, de un modo similar a lo exigido por las normas europeas para los combustibles de origen no biológico o el hidrógeno de origen renovable, o en las normativas para CPD de Irlanda, Alemania o China. Este requisito desaparecerá cuando el mix de generación supere el 90% de renovables”.“Los proyectos CPD deberán acreditar que cumplen estos requisitos para acceder a la red eléctrica, y el Ministerio par la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Transformación Digital lo comprobarán periódicamente. En el caso de incumplir con el 80% de abastecimiento renovable, sufrirán penalizaciones crecientes en sus facturas eléctricas —en los importes que correspondan en cargos y peajes— para compensar el sobrecoste que, de otro modo, repercutirían sobre el resto de los consumidores de electricidad. Y el incumplimiento reiterado podrá acarrear la pérdida del acceso a la red”, añaden desde el Ejecutivo.Sea como fuere, fuentes al tanto de las negociaciones aseguran que el Gobierno está dispuesto a suavizar las exigencias, tal y como avanzó este medio esta semana. Su principal preocupación es que no se dispare la factura de la luz para los consumidores.