En la era del conocimiento y de la inteligencia artificial soportar el estrangulamiento presupuestario de las universidades nacionales por el gobierno de Javier Milei parece una situación absurda. Ante todo porque las universidades públicas atienden más de 2,5 millones de alumnos y más de un millón de pacientes en sus hospitales. Sin contar con las investigaciones que aportan a organismos del Estado y a empresas privadas. Nos encontramos una vez más con la negación del conocimiento que ya sufrimos durante la dictadura militar 1976-1983. Las universidades nacionales y las organizaciones que las componen (estudiantiles, docentes, gremiales, de graduados e investigadores) se unieron en la defensiva exigiendo el presupuesto votado por el Congreso Nacional. El mínimo común denominador para un mosaico de feudalidades que normalmente actúan por separado. Inclusive las discusiones salariales se discuten de manera individual en cada institución. Un pequeño grupo de rectores se animó a proponer la búsqueda de acuerdos para establecer una política universitaria común. Pero sin éxito hasta ahora.
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