Mientras el Gobierno Nacional persiste en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, trasciende una ofensiva aún más profunda: un anteproyecto de ley que busca reconfigurar el sistema educativo bajo la lógica de mercado. En su apartado universitario, la iniciativa elimina la responsabilidad indelegable del Estado, termina con el ingreso irrestricto admitiendo la posibilidad de realizar exámenes de admisión, condiciona el presupuesto a métricas de rendimiento y abre la puerta al arancelamiento. Se trata de un intento por mercantilizar una institución pública emblemática, históricamente respaldada y defendida por la sociedad en las calles de todo el país. El modelo universitario argentino se encuentra a las puertas de una de las transformaciones más profundas de sus últimas tres décadas. Un anteproyecto de ley impulsado por el oficialismo propone reestructurar de manera integral la Ley de Educación Superior (N° 24.521), escondiendo estas modificaciones en un confuso articulado bajo el título “Disposiciones transitorias, modificatorias y complementarias”.
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