Cuatro marchas federales universitarias en poco más de dos años. La calle volvió a llenarse, y eso dice algo importante sobre el lugar que ocupa la educación pública en el imaginario argentino. Pero cada vez que el tema universitario irrumpe en el debate, la conversación se estrecha hasta volverse inútil. De un lado, el Gobierno habla de opacidad y politización. Del otro, las universidades responden que el único problema es la plata. Ambos tienen razón en algo. Ambos evitan lo incómodo.
El análisis que realizamos desde Edulab de IDESA muestra un deterioro sostenido y profundo. El gasto promedio por universidad cayó un 35% entre 2012 y 2021, y para 2025 se ubica en el nivel más bajo de toda la serie histórica. En el primer cuatrimestre de 2026, las partidas de ciencia, hospitales universitarios y becas acumularon una caída de casi 78% en términos reales respecto de 2023. No es un recorte quirúrgico: es una reducción desordenada que golpea primero donde más duele.
Pero el problema no empezó con la motosierra. Durante años, los gobiernos anteriores crearon universidades como si inaugurar edificios alcanzara para garantizar educación de calidad. Se pasó de 45 instituciones nacionales en 2012 a 57 hoy, muchas sin evaluación previa de demanda ni financiamiento garantizado. Expandir el sistema mientras se diluían los recursos no fue inclusión: fue política de corto plazo financiada con deterioro silencioso.
