El reclamo por presupuesto y salarios de las universidades públicas no da tregua al Gobierno de Javier Milei. Las protestas y medidas de fuerza se reiniciaron esta semana para exigirle al Ejecutivo que respete la ley de financiamiento universitario, mientras la comunidad académica espera un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el incumplimiento de la norma. Desde este martes, las escuelas dependientes de la mayor universidad del país, la UBA, permanecen ocupadas por sus estudiantes. Y los sindicatos de profesores realizan huelgas durante toda la semana, en todo el país.“El Gobierno está incurriendo en una inconstitucionalidad flagrante. Tiene la obligación de cumplir con la ley vigente”, dijo Clara Chevalier, profesora y dirigente del gremio docente Conadu. “Hemos demostrado que sostener a la universidad pública y de calidad es un punto de acuerdo para la sociedad argentina”, agregó. Aludía a las masivas movilizaciones protagonizadas 15 días atrás, en diferentes ciudades, por estudiantes, profesores y autoridades académicas, con amplio respaldo social.A los paros y otras protestas que los profesores vienen realizando desde marzo, ahora se sumó la toma de escuelas resuelta por alumnos. La medida alcanza, por el momento, a los colegios secundarios que integran la UBA: la Escuela Carlos Pellegrini y el Colegio Nacional Buenos Aires. Asambleas estudiantiles decidieron ocupar ambas instituciones por tiempo indeterminado, aunque la toma se analiza día a día.“La idea es visibilizar el conflicto, informar a la sociedad lo que está pasando porque es realmente muy grave. La situación es límite”, aseguró Francisco Pitrola, presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires. “La ley de financiamiento universitario está aprobada por el Congreso, el presidente eligió vetarla y el Congreso la ratificó. El Gobierno no la está cumpliendo, es poco democrático. Ademas de las universidades, está en juego la democracia”, resumió, en declaraciones a medios locales. Las universidades estatales sufren especialmente el ajuste fiscal impuesto por Milei. De acuerdo con las estimaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias de recursos a las casas de estudios registran “una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026”. Los salarios de profesores y demás trabajadores de universidades experimentan “una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13%”.La ley de financiamiento universitario fue aprobada el año pasado por el Congreso con el objetivo de actualizar, según la inflación acumulada desde que asumió Milei, los presupuestos y los sueldos del sector. Pero el Ejecutivo se niega a aplicarla, con el argumento de que no cuenta con fondos suficientes. El actual presupuesto anual de las 64 universidades nacionales, donde estudian más de 2,1 millones de alumnos, es de 4,8 billones de pesos (unos 3.400 millones de dólares). Poner en marcha la ley implicaría sumar entre 2,5 y 3,1 billones de pesos. El CIN sostiene que el impacto fiscal sería del 0,36% del PIB, un monto muy inferior a diversas exenciones impositivas dispuestas por el Gobierno.⚖️📚 CLASES PÚBLICAS EN TRIBUNALES - SEÑORES JUECES QUE MILEI CUMPLA LA LEYHoy participamos, de una jornada de clases públicas en Plaza Tribunales para exigir a la Corte Suprema la inmediata implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. pic.twitter.com/Kt6rDwEZTH— Feduba (@feduba) May 26, 2026