El acto de apertura del año judicial este jueves reflejó que las tensiones entre la política y el poder judicial no cesan, ni parecen tener un minuto de descanso. El de la justicia se ha convertido en terreno abonado para trasladar a este ámbito conflictos y debates propios de otras instituciones. Hay que hablar de política en términos genéricos porque el Gobierno no es el único concernido ni el protagonista exclusivo de esta situación. Y en cuanto al poder judicial no hay atisbo alguno de reflexión autocrítica sobre los excesos y errores que hayan podido cometerse.La propia presidenta del Supremo, Isabel Perelló, se refirió al cúmulo de plazas vacantes con que se encontró al llegar al cargo. No habían podido dotarse porque el Consejo General del Poder Judicial dobló su mandato —de cinco a diez años— para tratar de mantener el predominio conservador en el Supremo y otras instancias. Fue en un período del que dejaron testimonio las vergonzosas imágenes de jueces y magistrados apareciendo a las puertas de diversos palacios de justicia para manifestarse contra una ley en trámite en el Parlamento, la de amnistía.Las dudas que persisten en los ámbitos político y judicial sobre la definitiva aplicación de esta ley permiten comprobar que éste es un asunto aún no resuelto, pese a los claros pronunciamientos sucesivos del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fue una cuestión muy presente en los corrillos posteriores al acto. El Supremo prolongó la incertidumbre al no aplicar la amnistía al delito de malversación, con la idea de que está excluido de esta posibilidad porque los líderes del procés se enriquecieron al no financiar sus proyectos independentistas con su propio patrimonio. El Constitucional va a iniciar el próximo día 22 la deliberación sobre las peticiones de amparo presentadas contra esta decisión. Pero la última palabra la tendrá el Supremo, que debe aplicar la doctrina de las sentencias —son varios los recursos— que dicte el órgano de garantías. Los precedentes no permiten asegurar si estamos en el último capítulo del pulso político sobre esta ley.Otro asunto que refleja la pervivencia de tensiones se refiere a la ley de nietos. Justo el día de apertura del año judicial se notificó el contenido de los autos en que se limitan los derechos de descendientes de españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955, es decir, durante la Guerra Civil o en el largo período en que sus consecuencias fueron especialmente duras. Estas resoluciones dejan en el aire los votos de decenas de miles de personas que han pedido acogerse a dicha ley. La tesis del Supremo es que hay “un peligro fundado” para la “objetividad y transparencia del proceso electoral”. Cabe entender que un riesgo similar existe con la suspensión de derechos acordada. Para evitarlo lo exigible es que la Sala de lo Contencioso-Administrativo dicte sentencia sobre el fondo del asunto a la mayor brevedad. De otro modo, el “daño irreversible” se lo habrán podido producir a quienes se les impida ejercer el derecho al voto.Mientras tanto, los discursos de la presidenta del Supremo, y por la fiscal general, Teresa Peramato, reiteraron las quejas y lamentaciones derivadas de la tensión acumulada. Perelló defendió y reivindicó la independencia de los jueces, identificando al poder judicial como “contrapeso de los demás poderes del Estado”. Pero cabe preguntarse si en ese ejercicio se constata siempre la concurrencia de la imparcialidad y la ausencia de sesgo político o incluso partidista. Es significativo que en paralelo la presidenta del Supremo pidiera en su discurso a jueces y tribunales “mesura en el ejercicio de sus atribuciones”.