El acto de apertura del año judicial ha discurrido en el salón de plenos del Tribunal Supremo en un clima de fuerte tensión contenida tras la presión del sector conservador de la judicatura y la fiscalía y del propio líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para dejar fuera de la ceremonia al fiscal general del Estado y al Gobierno. El hecho de que se celebrara bajo la presidencia del Rey ha sido clave para evitar que la polémica sobre la presencia e intervención de Álvaro García Ortiz se reprodujera en público. El conflicto, en todo caso, no está cerrado. Se salvó el perfil institucional del acto, pero los propios discursos de la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, y del fiscal general, reflejaron el ambiente de discordia en el seno del poder judicial y entre poderes del Estado.
García Ortiz justificó su asistencia como un deber legal, en función de su cargo y, con brevedad y a la vez contundencia, defendió para sí el derecho a la presunción de inocencia, en su actual situación de inculpado de un delito de revelación de secretos. Perelló, a su vez, reivindicó la independencia de jueces y magistrados pidiendo “lealtad institucional” para que cesen las “descalificaciones”. Pero añadió que la independencia “no equivale a libre arbitrio”, en obvia alusión a los excesos de algunas instrucciones judiciales carentes de proporcionalidad y abiertas por tiempo indefinido. Al final, el discurso de García Ortiz mereció un aplauso breve y minoritario, en tanto que el de Perelló lo recibió más largo y generalizado. Fue la expresión simbólica del estado de ánimo reinante en el acto en general y en el Tribunal Supremo en particular.
