El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz fue sentenciado, junto con su hijo Jacobo Bucaram Pulley, a nueve años y cuatro meses de privación de libertad y una multa de 20 salarios básicos unificados, en calidad de colaboradores del delito de delincuencia organizada dentro del caso Pruebas COVID-19.La causa determinó irregularidades en la comercialización de alrededor de 21.000 pruebas rápidas para detectar el COVID-19, mascarillas y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo son sentenciados a 9 años y 4 meses en el caso Pruebas COVID-19El Tribunal de Juicio de Pichincha sustentó, en la lectura de la sentencia realizada la noche de este miércoles, 9 de septiembre, la responsabilidad penal del exmandatario en el hallazgo de insumos médicos en su domicilio en 2020 y en una serie de actos que, según el juez, evidenciaron su conocimiento y colaboración con la estructura investigada en el caso.PublicidadEl hallazgo al que se refirió el tribunal se remonta al allanamiento realizado en el domicilio de Bucaram, en la ciudadela Kennedy norte de Guayaquil, el 3 de junio de 2020, cuando la Fiscalía encontró cajas con miles de mascarillas y pruebas rápidas de COVID-19.El tribunal señaló que ese hallazgo debía analizarse junto con otros elementos de prueba. En ese sentido, indicó que se encontraron similitudes con objetos hallados en otros establecimientos allanados dentro de la investigación, como, por ejemplo, un inmueble ubicado en el sector de Bahía de Chipipe, en Salinas.Vinculación de las pruebas e insumos médicosSegún la explicación del perito, la relación se estableció a partir de códigos, números de guía y datos de referencia de envío. Las etiquetas de ambos grupos de objetos presentaban similitudes que permitían vincularlos dentro de un mismo circuito de envío o distribución. Además, los insumos no tenían identificación de ningún hospital público, entre ellos el Teodoro Maldonado Carbo o el Ministerio de Salud Pública (MSP).PublicidadPublicidadEl tribunal aclaró que el valor del hallazgo no radicaba en demostrar que los insumos pertenecían a una entidad pública, sino en la relación que estableció entre el expresidente Abdalá Bucaram y el circuito de almacenamiento y comercialización de los productos.El juez también se refirió a gestiones que, según el tribunal, Bucaram habría realizado para conseguir que el ciudadano israelí Shy Dahan, asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral, en su momento modificara su versión con el fin de evitar consecuencias jurídicas para su hijo Jacobo.Precisó que lo expuesto acreditó, a criterio del tribunal, que Abdalá Bucaram realizó actos conscientes orientados a favorecer a personas vinculadas a la estructura y a gestionar información que podía resultar perjudicial para la causa. La responsabilidad atribuida al exmandatario, señaló, no se fundamenta en su parentesco con Jacobo ni en su condición de expresidente, sino en la relación entre el almacenamiento de los insumos y las comunicaciones posteriores.Según el tribunal, su contribución no demostró mando ni dirección inicial sobre toda la organización, pero sí que el almacenamiento de los insumos, junto con esos otros actos, aportó al funcionamiento de la estructura de delincuencia organizada. Por ello, fue señalado como colaborador dentro del grupo. Intentos fallidos de lectura de sentenciaLa lectura de la sentencia se instaló en el séptimo intento del tribunal por dar a conocer su fallo. El juicio contra Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram Pulley, el ciudadano israelí Sheinman Oren y el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) Leandro Berrones se cerró el 14 de marzo de 2026, cuando el tribunal entró a deliberar.PublicidadDesde entonces, la audiencia para dar a conocer la resolución oral fracasó en seis ocasiones por motivos que incluyeron la ausencia del juez ponente, la falta de comparecencia de un abogado y una perita y, de forma reiterada, la ausencia de Bucaram, quien —según su defensa y allegados— permanecía hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) en una clínica de Guayaquil.En esta ocasión, Bucaram compareció por vía telemática con una mascarilla que aparentaba ser de oxígeno, supuestamente desde la casa de salud en la que permanece, custodiado por varios efectivos policiales.Días antes de esta lectura, la esposa de Bucaram, María Rosa Pulley, presentó una acción de habeas corpus para frenar la orden de aprehensión con fines de comparecencia dictada contra el expresidente tras su sexta inasistencia.El pasado 7 de septiembre, el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas negó por unanimidad ese recurso al considerar que la orden de aprehensión no constituía una amenaza grave o inminente para sus derechos fundamentales ni afectaba su derecho a la salud.El juez Gustavo Almeida, ponente de esa resolución, señaló que “no se evidencia vulneración de derechos fundamentales” y que la orden de detención “no vulnera ni entorpece de ningún modo” el derecho a la salud de Bucaram. El tribunal dispuso mantener la presencia policial en la casa de salud en la que permanecía internado y estableció que la audiencia de lectura de sentencia se realizaría una vez que el expresidente recibiera el alta médica, con acompañamiento médico durante la diligencia.Sentencias para otros implicadosEn cuanto a Leandro Berrones, exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el tribunal lo consideró autor directo del delito de delincuencia organizada y le impuso una pena de trece años y cuatro meses de privación de libertad. Además, deberá pagar una multa equivalente a 40 salarios básicos unificados.Respecto del ciudadano israelí Sheinman Oren, también señalado como autor directo, el tribunal determinó que correspondía aplicar el beneficio de cooperación eficaz, al considerar útil la información que proporcionó durante el proceso. Por este beneficio, su pena fue reducida a dos años y ocho meses de privación de libertad, además de una multa equivalente a seis salarios básicos unificados. (I)