La lectura de la sentencia continuó hasta pasadas las 22:00 de este 9 de septiembre.Publicidad9 de septiembre, 2026 - 22h05El Tribunal de Juicio de Pichincha, en la lectura de sentencia realizada la noche de este 9 de septiembre de 2026, condenó al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, a su hijo Jacobo Bucaram Pulley y a dos procesados más en el caso Pruebas COVID-19, por el delito de delincuencia organizada, con distintas penas según su grado de participación en la estructura investigada.El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley, señalados como colaboradores dentro de la estructura, fueron condenados a 9 años y 4 meses de privación de libertad, junto con una multa de 20 salarios básicos unificados.Abdalá Bucaram pide el alta médica y asegura que será sentenciado por el caso Pruebas COVID-19Por su parte, el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) Leandro Berrones, señalado como autor directo del delito, recibió una pena de 13 años y 4 meses de privación de libertad, además de una multa de 40 salarios básicos unificados.PublicidadEn el caso del ciudadano israelí Sheinman Oren, el Tribunal aplicó el beneficio de cooperación eficaz, por lo que su pena se redujo a dos años y ocho meses de privación de libertad. Además, se le impuso una multa equivalente a seis salarios básicos unificados. Según lo señalado por el juez, la información proporcionada por Oren en el marco de la cooperación eficaz fue útil para la investigación, por lo que resolvió aplicar este beneficio.La audiencia para dar a conocer el fallo se instaló pasadas las 17:10 de este 9 de septiembre, tras seis intentos fallidos, en los que los últimos diferimientos se debieron a la ausencia de Abdalá Bucaram, quien, según su defensa, permanecía en una unidad de cuidados intensivos (UCI). En esta ocasión, el expresidente compareció por vía telemática con una mascarilla que aparentaba ser de oxígeno, aparentemente desde la casa de salud donde permanece, custodiado por varios efectivos policiales.PublicidadPublicidadYa instalada la diligencia, la lectura de la sentencia se vio interrumpida en reiteradas ocasiones porque Sheinman Oren no contaba con traducción presencial, mientras la perito traductora asignada, Carolina Cruz, reportaba problemas de conexión a internet para participar de forma telemática. Ante la persistencia del problema, el juez dispuso que el Escuadrón de Búsqueda se trasladara hasta el lugar donde se encontraba la perito para que acudiera de manera presencial a la sala.El caso, iniciado formalmente en agosto de 2020, investigó una estructura que habría comercializado de forma irregular cerca de 21.000 pruebas rápidas de COVID-19 y otros insumos médicos durante la pandemia, movilizando bienes y servidores públicos de la AMT.La lectura de la sentencia continuó hasta pasadas las 22:00 de este 9 de septiembre.Rol que habría cumplido cada procesado Como autores directos, el tribunal acreditó que Leandro Berrones, agente civil de tránsito de la AMT, usó su motocicleta institucional sin orden alguna para brindar seguridad, en desplazamientos privados, a la operación de comercialización de pruebas COVID-19 e insumos médicos; su intervención fue reiterada y quedó respaldada por información telefónica compatible con la investigación. Sheinman Oren, por su parte, fue vinculado directamente a la comercialización de las pruebas: su comunicación con Shy Dahan y otros participantes, su relación con entregas de mercadería vinculadas a Jacobo Bucaram, su presencia en reuniones en Bahía de Chipipe, el uso de una credencial que le atribuía una falsa condición oficial, y la importante cantidad de dinero hallada al momento de su aprehensión.Como colaboradores, Jacobo Bucaram fue vinculado por referencias directas a la adquisición y comercialización de las pruebas, conversaciones sobre precios y cantidades de producto, el manejo de cajas con los insumos investigados, y por haber realizado gestiones para facilitar las operaciones. PublicidadEn el caso de Abdalá Bucaram, el tribunal sustentó su responsabilidad en el hallazgo de insumos médicos en su domicilio —diferenciado de lo encontrado en Bahía de Chipipe y Kennedy Norte, y descartado como donación al no tener identificación de ningún hospital público—, además de actos conscientes orientados a favorecer a personas de la estructura, como buscar que Shy Dahan modificara su versión para evitarle consecuencias jurídicas a Jacobo; el tribunal aclaró que su responsabilidad no se basa en su parentesco ni en su autoridad política, sino en la relación entre el almacenamiento de esos insumos y esas comunicaciones posteriores. (I)