Publicidad21 de julio, 2026 - 10h42El 3 de agosto próximo, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley, el israelí Sheinman Oren y el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro Berrones conocerán si son o no encontrados culpables del delito de delincuencia organizada investigado en el caso denominado Pruebas COVID-19.La audiencia de juzgamiento se encuentra suspendida desde el 14 de marzo pasado, fecha en la que se dio la exposición de los alegatos de cierre de la Fiscalía y los cuatro acusados. En ese momento, los jueces penales Gandhy Cervantes (ponente), Ivonne Vásquez y Pablo Coello, integrantes del tribunal de juicio, entraron a deliberar sobre argumentos expuestos, los que les servirán para tomar una decisión de primera instancia.La etapa de juzgamiento se instaló el 11 de abril de 2025 y estuvo abierta por casi un año debido a los constantes diferimientos por diversos incidentes procesales.PublicidadAlgo más de veinte días no consecutivos duró el juicio, en el que la fiscal de la causa, Lidia Sarabia, presentó su prueba para fundamentar una teoría que habla de que los procesados estaban involucrados con supuestas irregularidades en la comercialización de mascarillas, 21.000 pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19 y otros insumos. El 3 de agosto es la segunda fecha que se define para reinstalar el juicio en el caso Pruebas COVID-19. El primer señalamiento fue para el pasado 2 de julio, pero la diligencia se difirió por pedido de la defensa del exmandatario ecuatoriano. Según Sarabia, los cuatro procesados son acusados de, entre marzo y octubre de 2020, haber planificado y ejecutado actividades ilícitas relacionadas con la negociación de pruebas para la detección de COVID-19 y de mascarillas durante la emergencia sanitaria que vivió el Ecuador, obteniendo réditos económicos. Para ello, dijo la Fiscalía, habrían incurrido en otras infracciones penales, como enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público y evasión tributaria.PublicidadPublicidadPara sustentar la participación en el delito de delincuencia organizada del expresidente, de Jacobo Bucaram, de Leandro Berrones y de Sheinman Oren, Sarabia presentó los testimonios de 50 personas, entre peritos y testigos, así como pruebas documentales. En su alegato final, la fiscal Sarabia acusó a los procesados de colaborar con la estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos para la comercialización de 21.000 pruebas para la detección de COVID y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria. “Los peritos que rindieron testimonio en la audiencia del tribunal consideraron que esta organización movilizó bienes y servicios públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito. Según la investigación, Leandro B. (Berrones) custodió y brindó seguridad a Sheinman O. (Oren) y Shy D. (+) durante el traslado de las pruebas hasta el domicilio de Abdalá B. O. (Bucaram Ortiz), en Guayaquil. Este último, además de las pruebas de COVID-19, almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas, para la toma de muestras. Jacobo B. P. (Bucaram Pulley) pagó $ 321.600 en efectivo por esta mercadería, según la versión rendida por Shy D. (+) en Santa Elena. Días después, fue asesinado en la Penitenciaría del Litoral”, anotó la Fiscalía en un comunicado.En octubre de 2021, el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro Berrones, el israelí Sheinman Oren y la peruana Orietta Isabel Marengo fueron llamados a juicio por el juez Geovanny Freire, y para diciembre de ese mismo año se sumaron a esa lista Abdalá y Jacobo Bucaram, quienes inicialmente recibieron un sobreseimiento.Marengo tenía la etapa de juzgamiento en suspenso, debido a que estaba prófuga de la justicia. Eso cambió en marzo pasado, debido a que la ciudadana peruana llegó a Ecuador dentro de un proceso de extradición que se dio entre el 23 y el 26 de marzo pasado. De momento se encuentra a la espera de que se defina la audiencia para juzgarla. (I)