La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha calificado de “extraordinaria gravedad” las acusaciones de lawfare. La también presidenta del Tribunal Supremo ha lamentado las “descalificaciones” a jueces desde “quienes ejercen responsabilidades institucionales” y ha pedido respeto por las decisiones judiciales que, según sus palabras, se toman “sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo”. Por todo ello, ha defendido este jueves con “firmeza” la necesidad de que España tenga una justicia “independiente”. Lo ha hecho en la ceremonia de apertura del año judicial, celebrada en el Tribunal Supremo y presidida, como cada septiembre, por el rey Felipe VI. “La crítica y la discrepancia son consustanciales al Estado democrático de derecho”, ha reconocido Perelló, mientras que “la deslegitimación sistemática de los jueces y tribunales, por contra, lo erosionan”. El inicio de este nuevo curso en los tribunales está marcado por la investigación sobre la crisis en Ceuta, en manos de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, y por la reciente decisión del Tribunal del Supremo de suspender el derecho a votar de los españoles nacionalizados por la conocida como ley de nietos. La investigación sobre la crisis de Ceuta comenzó no sin controversia por la petición de reserva de información que la magistrada Tardón solicitó a la Policía en sus informes. En respuesta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, emitió una queja a la presidenta del Poder Judicial mostrando su “preocupación” por esta decisión en aras “de la seguridad pública y de la seguridad nacional”. La cuestión fue zanjada por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que respaldó por unanimidad la actuación de la magistrada.Tres nuevos fiscales en CeutaTras las palabras de inauguración del Rey, la fiscal general del Estado ha tomado la palabra en primer lugar para detallar los datos recogidos en la memoria anual del ministerio público. Teresa Peramato ha comenzado su intervención destacando el envío de tres fiscales a Ceuta “en próximas fechas” para “reforzar la capacidad de respuesta de la Fiscalía”. La fiscal general ha hecho hincapié en que “la protección integral de la infancia constituye una de las responsabilidades más sensibles y exigentes del ministerio fiscal” y ha calificado como “extraordinario” el “esfuerzo, sensibilidad y profesionalidad con que los fiscales desempeñan esta tarea”. La cita tiene lugar también en pleno choque entre el Gobierno y el Poder Judicial por la suspensión del Supremo del derecho al voto de los españoles que han obtenido la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática. Entre las autoridades invitadas estaban el ministro de Justicia, Félix Bolaños; el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.