Los municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024 recibieron una lluvia de millones de euros públicos del Gobierno para acometer las obras de reconstrucción. Además, el propio Ejecutivo destinó a la reparación de infraestructuras viarias y ferroviarias miles de millones, al igual que la Generalitat Valenciana para las de su competencia. Por la premura de las actuaciones, todos los contratos que se tramitaron para la reconstrucción se hicieron por la vía de urgencia, es decir, de forma directa, para saltarse los procedimientos habituales y acabar más rápidamente.
Esta falta de controles, amparada por la ley debido a la gravedad de la catástrofe, permitió la entrada de todo tipo de empresas y en condiciones llamativas. La Generalitat disparó los precios unitarios para beneficiar a los contratistas y, además, esta situación está provocando sobrecostes que ya están alertando a los interventores de numerosos ayuntamientos. De momento, la Agencia Valenciana Antifraude ni está ni se la espera. Un caso paradigmático, y que ha soliviantado a la interventora municipal, ha sucedido en el Ayuntamiento de Montserrat, presidido por el alcalde del PP, Sergio Vilar, con las obras de reconstrucción del polideportivo municipal.
