0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialEl socavón causado por las obras de la línea 9 en el barrio de Sant Gervasi-la Bonanova le va a salir muy caro al Govern. De entrada, será el Departament de Territori quien asuma la demanda colectiva que los vecinos tienen previsto presentar esta misma semana. Luego, una vez alcanzado un acuerdo, la Generalitat deberá entenderse con la unión temporal de empresas (UTE) que está ejecutando el proyecto del túnel del metro hasta Lesseps, un trabajo que ha quedado detenido hasta nueva orden. La cuantía está por determinar y deberá tener en cuenta los días, semanas o meses fuera de casa; las pérdidas económicas y materiales, y los daños morales.Lee tambiénEn conversación con La Vanguardia, la abogada de los afectados, Carmen Pérez-Pozo, asegura que la demanda ya representa al 90% de los damnificados (unas 300 personas de 93 unidades familiares, de propietarios o comerciales) por el agujero abierto la mañana del 7 de julio en la parte trasera de la pizzería Verona, en la calle Teodora Lamadrid. Se presenta contra Territori y no directamente contra las empresas privadas constructoras porque, a su modo de ver, el Govern “debería haber garantizado que las cosas se hacían correctamente, y eso no ha sucedido”. La presentación de la demanda, avanzada por 3Cat y confirmada por este diario, llegará a Territori cuando todavía hay una veintena de familias y seis comercios que no han podido volver a la normalidad dos meses después de que el suelo cediera y se llevara los baños del restaurante. La previsión es que puedan hacerlo con la llegada del nuevo año. A lo que aspira la abogada, a la vista de que se trata de un caso abierto, es a negociar las cuantías que los afectados deben percibir por determinadas circunstancias, esto es, el coste por cada día fuera de casa, por las jornadas sin poder abrir los negocios o por los daños materiales en los edificios. Hay elecciones municipales en mayo del 2023, así que a la Generalitat (el PSC gobierna en los dos lados de Sant Jaume) le interesa cerrar el asunto cuanto antes. La pizzería Verona, en Teodora Lamadrid, donde el suelo cedió el 7 de julioAna JiménezPor ahora, el interlocutor por el lado público es el secretario general de Territori, Jordi Terrades. Pérez-Pozo explica que el diálogo está siendo cordial, pero advierte, porque conoce bien la materia -fue la defensora de los derechos de los afectados por el socavón del Carmel de enero del 2005- que no va a ceder en lo que considera justo para sus clientes. Sobre la estabilidad del terreno, los vecinos han pactado con Territori el fichaje de un experto externo e independiente para valorar la situación de las fincas afectadas. Se trata de un reconocido profesional del ámbito universitario que se encargará de auditar los trabajos que aún se están haciendo, sobre todo de inyección de cemento. Sobre la futura recuperación de la zona, la abogada evoca lo sucedido en el Carmel: “Ahí tardaron dos años en volver a una relativa normalidad, pero hubo comercios que no pudieron regresar”. “También habrá -prosigue- una depreciación de las viviendas, que siempre estarán asociadas al socavón y las obras del metro”. En cualquier caso, señala esta experta, el dinero que puedan percibir los afectados será muy inferior al sobrecoste que tendrán las obras de la L9. En el caso del Carmel, el dinero extraordinario asociado al agujero ascendió a 78 millones de euros. Por lo pronto, la tuneladora lleva dos meses sin taladrar a la espera de que Territori dé su permiso. Más dinero, pero también un calendario de finalización del proyecto que salta por los aires.