Actualizado a las 02:06h.
El coste de la deuda pública amenaza con convertirse en uno de los principales condicionantes de la política económica española durante los próximos años. Funcas calcula que la factura por intereses podría superar los 60.000 millones de euros en 2030, casi un 50 por ciento más que en 2025. La combinación de unos tipos más elevados, la refinanciación de deuda emitida en condiciones mucho más favorables y la persistencia de nuevos déficits configura un escenario que debería obligar al Gobierno a revisar sus prioridades presupuestarias. Incluso bajo la hipótesis relativamente benigna de que los tipos permanecieran en los niveles de 2025, los intereses alcanzarían unos 57.000 millones en 2030, 17.000 millones más. Algo más de 8.000 millones procederían del coste de la nueva deuda necesaria para financiar los déficits previstos y el resto, fundamentalmente, de sustituir deuda que vence por nuevas emisiones más caras. Si los tipos aumentasen medio punto adicional, la factura rebasaría los 60.000 millones. No se trata, por tanto, de una perturbación coyuntural, sino de un deterioro que irá incorporándose progresivamente a las cuentas públicas.
El problema adquiere mayor gravedad porque coincide con un contexto internacional adverso. Las tensiones geopolíticas han vuelto a impulsar la inflación y las rentabilidades de la deuda soberana. El bono español a diez años ronda ya el 3,8 por ciento, según el informe, medio punto más que a comienzos del ejercicio. Al mismo tiempo, los Estados afrontan necesidades crecientes de gasto en defensa, envejecimiento e inversión. Los mercados empiezan a exigir una remuneración superior precisamente cuando las necesidades financieras aumentan.
