La Xunta de Galicia pagará una minuta millonaria al bufete de abogados que logre recobrar el sobrecoste de los miles de bragas absorbentes para la incontinencia severa de adultos que adquirió durante 18 años el Servizo Galego de Saúde (Sergas). El caso de los precios inflados del llamado “cartel de los pañales” recala ahora en las comunidades autónomas, dispuestas a presentar indemnizaciones por daños y perjuicios y recuperar los millones de euros de más que abonaron a ocho empresas ya condenadas. A través del Portal de Contratos Públicos de Galicia y con fecha del martes de esta semana, el Sergas publica la licitación de la defensa jurídica, a la que pueden optar letrados con al menos una década de experiencia y con veteranía en demandas por infracciones del derecho de la competencia. El valor estimado de la licitación, partiendo del dinero que espera recuperar la Xunta, es de 6.052.720,30 euros sin IVA. Una cantidad —calculada según un porcentaje— que todavía está abierta, a la espera de la auditoría que determine cuánto pagó de más la Administración gallega, y que puede rondar, en el caso del sobrecoste de los pañales, los 50 millones.En un comunicado, la Xunta ha recordado que, en 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso sanciones por 128 millones de euros a ocho empresas fabricantes e importadoras de estos pañales, a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y a dos personas físicas “por su participación en prácticas restrictivas de la competencia”. Según quedó acreditado en la resolución, las empresas del cartel acordaron un precio de los absorbentes financiados para los pacientes adultos que “resultó ser el doble del precio logrado mediante las licitaciones públicas de las distintas comunidades autónomas”.“La gravedad de las conductas sancionadas y la importante cuantía del sobreprecio pagado hacen necesario que el Servizo Galego de Saúde reclame los daños y perjuicios causados por las empresas participantes en el cartel”, defiende la Administración gallega tras aprobar el pleno del Gobierno autónomo el comienzo de su batalla legal. Hasta 14 Comunidades Autónomas ya han emprendido o planean emprender sus demandas en las que exigirán un valor conjunto de unos 1.750 millones a los fabricantes de pañales que aumentaron sus precios de manera ilegal. El trabajo que les queda por delante es arduo, porque mucha documentación no está digitalizada y porque en la mayoría de los casos las auditorías obligarán a contratar peritos e inspectores especializados.Antes de anunciar la licitación del servicio jurídico, cuyo plazo de presentación de propuestas acaba a las dos de la tarde del 8 de octubre, el Sergas estudió la información interna de la que disponía y concluyó que “el gasto mínimo acreditado e identificable con las empresas del cartel, entre 2004 y 2014, ascendió a un total de 140,8 millones de euros”. Para el período anterior, desde 1996, “se dispone actualmente de una estimación de unos 153 millones de euros de gasto con el conjunto de los integrantes del cartel”, aunque la Xunta no tiene “una desagregación por empresas” para esa etapa. La definitiva estimación de gasto “deberá concretarse y determinarse mediante la prueba pericial” que “forma parte del objeto de esta contratación”, aclara el Gobierno de Alfonso Rueda. Aparte de sus propios cálculos, el Sergas encargó un análisis preliminar a economistas de la Universidade de Santiago (USC) para hacer “una estimación del daño”. El estudio lanzó varias hipótesis, con variables como la duración del fraude y los sobreprecios, pero se cree que la cantidad falseada se aproxima a los 50 millones.