La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Galicia ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo las diligencias preprocesales de investigación abiertas tras la denuncia presentada por una veintena de organizaciones sindicales, agrarias y ecologistas contra la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González. Los denunciantes le atribuyen un presunto delito de prevaricación por el traslado de dos compañeros magistrados de la sección que venía resolviendo buena parte de los litigios relacionados con parques eólicos y grandes infraestructuras energéticas.PublicidadLos jueces afectados son María Dolores López López y Luís Villares Naveira, trasladados de la sección tercera a la cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo por decisión de Recio pocas semanas después de asumir la presidencia del órgano. Villares fue además candidato de En Marea a la Presidencia de la Xunta en 2016 y líder de la oposición en el Parlamento gallego durante aquella legislatura. A comienzos de este año compitió con la propia Recio por la presidencia de la Sala, cargo que finalmente recayó en la magistrada por decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).La denuncia fue presentada por organizaciones integradas en la Coordinadora Eólica Así Non, entre ellas la Confederación Intersindical Galega (CIG, el mayor sindicato de Galicia), la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, el Sindicato Labrego Galego, la Federación Rural Galega, la Organización Galega de Comunidades de Montes, la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios y Amigas da Terra.Intercambio de juecesLa controversia se originó en marzo, cuando la nueva presidenta de la Sala acordó una reorganización interna que supuso el intercambio de cuatro magistrados entre las secciones tercera y cuarta. Villares y López fueron apartados de la sección que había dictado numerosas resoluciones sobre autorizaciones eólicas, mientras que otros dos magistrados realizaron el recorrido inverso. Recio justificó la decisión por razones organizativas y funcionales destinadas, según su criterio, a mejorar el funcionamiento del órgano.La explicación no convenció a una parte significativa de la judicatura gallega. La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) denunció que el traslado se adoptó sin audiencia previa a los afectados y advirtió de que podía comprometer la independencia judicial. La organización sostuvo además que la medida se produjo en un contexto de fuertes críticas políticas y empresariales contra las resoluciones que habían paralizado proyectos eólicos promovidos o respaldados por la Xunta.PublicidadTambién la asociación Xustiza e Sociedade de Galicia, integrada por profesionales del ámbito jurídico, reclamó la suspensión de los cambios y calificó la situación de "gravísima". Según la entidad, la decisión proyecta dudas sobre la autonomía de los tribunales y sobre las garantías de inamovilidad que protegen el ejercicio de la función jurisdiccional.La sección tercera del Contencioso-Administrativo del TSXG se había convertido en los últimos años en un actor central del conflicto judicial sobre el despliegue eólico en Galicia. Sus resoluciones acordaron la suspensión cautelar o la anulación de numerosos proyectos al apreciar posibles deficiencias ambientales, problemas de evaluación acumulada de impactos o irregularidades en la tramitación administrativa.PublicidadCríticasEsas decisiones provocaron reiteradas críticas por parte de representantes políticos y empresariales, que acusaban al tribunal de generar inseguridad jurídica y de obstaculizar inversiones estratégicas. En paralelo, colectivos vecinales y ecologistas defendían que las resoluciones garantizaban el cumplimiento de la normativa ambiental y de los procedimientos de participación pública.La denuncia ahora remitida al Supremo no se limita a los traslados. También cuestiona diversos cambios posteriores en el reparto de asuntos relacionados con autorizaciones eólicas y líneas de alta tensión dentro de la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo. La Fiscalía gallega abrió diligencias preprocesales para determinar si esos acuerdos podrían encajar en un eventual delito de prevaricación judicial.Fuentes de la CIG sostienen que "la modificación de competencias sobre las autorizaciones de proyectos eólicos y líneas de alta tensión se hizo sin modificar las normas de reparto aprobadas en 2023 y en contra del criterio mantenido previamente por la sección tercera". El sindicato recuerda además que esa sección ya había rechazado inhibirse en favor de la segunda pese a las solicitudes formuladas por la Xunta y por empresas del sector.Para la organización sindical, "las alteraciones arbitrarias en el reparto de asuntos, realizadas en paralelo al traslado de magistrados de la sección tercera, se aplicaron para satisfacer el interés expresado por la Xunta y por empresas del sector eólico en los procedimientos relativos a autorizaciones de líneas eléctricas"."Ninguna relación"Fuentes del entorno de Villares han subrayado que el magistrado no mantiene ninguna relación con la denuncia ahora trasladada al Supremo. "Lo que ha hecho la Fiscalía es constatar que, de ser ciertos los delitos de los que se acusa en la denuncia, las personas responsables serían aforadas y le correspondería decidir al Supremo. Pero eso no implica que se haya decidido investigar el caso", sostienen fuentes judiciales próximas al juez.Villares sí recurrió su traslado ante el CGPJ y Juezas y Jueces para la Democracia presentó un recurso similar. Ambos alegan defectos de procedimiento, falta de motivación suficiente y ausencia de audiencia previa a los afectados, además de advertir de las consecuencias que este tipo de decisiones pueden tener sobre la percepción de independencia de los tribunales.El Consejo General del Poder Judicial ya se ha pronunciado sobre una de las peticiones formuladas por los recurrentes. El pleno rechazó suspender cautelarmente los traslados mientras resuelve el fondo de los recursos, al considerar que no existe un perjuicio irreparable que justifique paralizar la decisión antes de adoptar una resolución definitiva.PublicidadCon la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo, el conflicto entra ahora en una nueva fase. El alto tribunal deberá decidir si aprecia indicios suficientes para impulsar alguna actuación penal o si, por el contrario, archiva la denuncia. Entretanto, el caso sigue alimentando un intenso debate en Galicia sobre la independencia judicial, la gestión del despliegue eólico y las relaciones entre los poderes político, económico y judicial.