“Indicios racionales de criminalidad”. Una jueza de Tarragona propone llevar a juicio a los dos altos directivos del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) –el director de los servicios jurídicos, Jesús Martín García, y el presidente, Joan Alginet Aliau– denunciados por la persona que contrataron como compliance officer . La magistrada ve indicios de los presuntos delitos de prevaricación y acoso laboral.
El caso –desvelado por La Vanguardia del miércoles– se refiere a la contratación de una empresa de gestión informática, que fue anulada por el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, y al acoso laboral que sufrió el trabajador.
Éste fue contratado en marzo de 2023 y justo dos años después fue despedido, tras emerger contra él acusaciones de machismo, homofobia y trato degradante. Lo denunciaron cinco trabajadores (entre ellos, la mujer de Jesús Martín) que nunca antes habían advertido a la dirección de tales comportamientos.
La magistrada acuerda que el Consorci sea llamado al procedimiento como eventual responsable civil subsidiarioLa denuncia, en un manifiesto firmado por los cinco, fue preparada justo al día siguiente (14 de enero de 2025) de que la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) comunicara al CAT que el trabajador había obtenido la condición de alertador de corrupción; en teoría, esta condición impedía a la empresa cualquier represalia contra él. Con estas denuncias, el CAT abrió expediente disciplinario al empleado, y pocas semanas después lo despidió.
