El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) investiga al exconseller y actual diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Joan Ignasi Elena y al excoordinador de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) Joan Herrera por un delito de prevaricación, por la presunta adjudicación a dedo de contratos del Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona) a su empresa de consultoría.PublicidadEn un auto, que ha avanzado El País, la sala civil y penal del alto tribunal ha acordado abrir esta investigación, de la que será instructor el magistrado Carlos Ramos, en paralelo a la que el Tribunal Supremo mantiene por los mismos hechos contra el exalcalde de Altafulla y actual diputado en el Congreso de Sumar En Comú Podem por Tarragona Fèlix Alonso, aforado ante ese órgano.Las investigaciones derivan de la exposición razonada que un juzgado de El Vendrell (Tarragona) elevó a ambos tribunales, por afectar a aforados, ante los indicios de que el Ayuntamiento adjudicó contratos troceados, sin publicidad y sin los informes preceptivos favorables, a una empresa cuyos directivos "mantienen una vinculación política estrecha con el partido del alcalde".Fuentes cercanas a Elena han indicado que se trata de un "error administrativo" del consistorio por no prorrogar correctamente el contrato y que en ningún caso se incurrió en una infracción penal.Al respecto, han señalado que la Oficina Antifraude de Catalunya investigó los hechos y no detectó conductas denunciables en el ámbito penal, sino que apuntó a la vía de la "revisión de oficio" para subsanar el error. Aún así, el que fuera concejal de ERC ha asegurado que tiene "voluntad de contribuir a la aclaración de todas estas cuestiones con el objetivo de conseguir que se archive un procedimiento" que considera "injustificado".PublicidadLos contratos investigados, que suman más de 30.000 euros, se adjudicaron entre los años 2017 y 2019. En esa etapa, Herrera llevaba años apartado de la política y Elena, que fue conseller de Interior con Pere Aragonès entre 2021 y 2024, no ocupaba ningún cargo público, tras haber abandonado el PSC debido a discrepancias por el procés.Se usaron los contratos menores de forma fraudulentaEl TSJ de Catalunya considera que los investigados utilizaron de forma "supuestamente fraudulenta la figura del llamado contrato menor" que permite adjudicaciones sin concurso público e infringieron "intencionadamente" los requisitos sobre contratación pública que impone la ley.En concreto, sostiene el auto que los investigados se concertaron supuestamente "en su propio interés" para conseguir la prórroga de una adjudicación de asesoramiento jurídico externo mediante la figura del contrato menor, que permite la asignación directa a cualquier empresario al no superar los 18.000 euros durante un máximo de un año.