Joan Ignasi Elena, en agosto de 2024, cuando ejercía como consejero de Interior de la Generalitat.Massimiliano MinocriEl Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto una investigación contra el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y exconsejero de Interior de la Generalitat Joan Ignasi Elena y contra quien fue líder de Inciativa per Catalunya, Joan Herrera, por un delito de prevaricación administrativa, según el auto al que ha accedido EL PAÍS. El tribunal indaga los contratos menores que el Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona) firmó, entre 2017 y 2019, con Sinergia, una consultora de la que Elena y Herrera eran máximos responsables. El Tribunal Supremo abrió hace unos días una causa, por el mismo motivo, al entonces alcalde de la localidad, Félix Alonso, diputado de los Comunes en el Congreso.En la línea del Supremo, el TSJC considera que hay “indicios suficientemente sólidos de responsabilidad criminal en determinados procesos de contratación pública” en los que participaron, como “cooperadores presuntos”, tanto Elena como Herrera. La sala civil y penal del tribunal ha abierto investigación tras recibir una exposición razonada del juzgado de El Vendrell (Tarragona) que investiga los hechos, y que se ha inhibido a favor de órganos superiores por la condición de aforados de los principales investigados (Alonso, el alcalde, es diputado estatal; y Elena, entonces consultor, es diputado autonómico).El Ayuntamiento de Altafulla contrató a la sociedad Sinergia Energia Dret y Medi Ambient, participada y administrada por Elena y Herrera, “diversos servicios de asesoramiento jurídico” que presuntamente infringieron la ley de contratos del sector público, según la resolución. El consistorio utilizó de forma presuntamente fraudulenta la figura del contrato menor para evitar la licitación pública de ese servicio. El auto recoge que, de forma indiciaria, los investigados se “concertaron en su propio interés” para eludir los “principios de publicidad y concurrencia”.La investigación ha acreditado que Sinergia recibió pagos mensuales de 1.300 euros (sin contar el IVA) durante más de un año por un supuesto “contrato de asesoramiento jurídico externo”. Según la ley, los contratos no pueden extenderse por más de un año. Sin embargo, consta que Sinergia emitió un total de 22 facturas entre finales de 2017 y mediados de 2019, por un importe total de 25.000 euros. Elena no formaba parte entonces de ningún partido político. En pleno procés independentista, hacía tres años que había abandonado (en 2014) las filas del Partit dels Socialistes y más tarde se acercó a Esquerra Republicana. Fue consejero de Interior en el gobierno de Pere Aragonès y actualmente es diputado en el Parlament.La investigación apunta también a la adjudicación a Sinergia, por parte del Ayuntamiento de Altafulla y también bajo la figura del contrato menor, de los pliegos para el programa del casal municipal La Violeta, una tarea habitualmente realizada por personal municipal. Por esos servicios, la consultora cobró 5.000 euros.La resolución concluye que se hizo “un uso indebido de la prórroga y de la figura del contrato menor”, que además se actuó en contra de los informes desfavorables de la interventora y sin reunir los informes necesarios del secretario municipal. El Ayuntamiento contrató a personas externas que “supuestamente mantienen una vinculación política estrecha con el partido del alcalde (Sumar en Comú Podem)”. El delito de prevaricación administrativa, que lleva aparejadas penas de inhabilitación, lo cometen funcionarios públicos. Elena y Herrera figuran como cooperadores, puesto que “no podían desconocer presuntamente” la normativa por “su experiencia pública y profesional”. El auto recuerda que Elena no solo era abogado sino que también había sido alcalde de otra localidad, Vilanova i la Geltrú. Tras declararse competente para instruir la causa, la sala civil y penal del TSJC ha declarado instructor al magistrado Carlos Ramos.