Los abogados de las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia han presentado la ampliación de la denuncia inicial del caso residencias en un total de 60 procedimientos judiciales. Los denunciantes solicitan que, además del delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria, se investigue también un posible delito de prevaricación cometido por varios ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Según sostienen, la ampliación de las acciones judiciales se apoya, entre otros elementos, en las declaraciones prestadas ante distintos juzgados por Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, responsable de los protocolos de la vergüenza y su sucesor al frente de la Coordinación Sociosanitaria, respectivamente.Publicidad"Las versiones ofrecidas por ambos resultan completamente contradictorias respecto a los criterios de no derivación recogidos en las versiones del protocolo aprobadas el 18 y el 20 de marzo", argumentan. Mientras Peromingo aseguró que consideraban dichos criterios "discriminatorios" y que así se lo trasladaron a Mur, este último defendió que se limitó a firmar los documentos y que no compartía parte de su contenido. La petición judicial se produce después de que, el pasado 23 de junio, la Audiencia Provincial de Madrid ratificara la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Getafe de ampliar la investigación abierta contra los exresponsables sanitarios del Ejecutivo madrileño por un delito de prevaricación administrativa, en el marco de las diligencias por la muerte de una de las 7.291 personas mayores que murieron en las residencias durante la pandemia sin ser trasladadas a un hospital.La geriatra señalada por Mur declara por primera vezLa agenda judicial del caso residencias tiene esta semana otra fecha marcada en rojo en el calendario. El martes 30 de junio está citada a declarar por primera vez ante un juzgado María Teresa Vidán, la geriatra a la que Mur ha señalado como autora del documento que sirvió de base para las directrices. Vidán, jefa del Servicio de Geriatría del hospital Gregorio Marañón, comparecerá a las 10.30 horas ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda del Rey en calidad de imputada.La investigación ha situado a ex altos cargos y responsables sanitarios del Gobierno de Ayuso en el centro de media docena de procedimientosDicha causa forma parte de los procedimientos abiertos tras la denuncia colectiva presentada en octubre de 2024 por 109 familiares de personas fallecidas en residencias durante la crisis sanitaria. La declaración de Vidán adquiere especial relevancia después de que Mur mencionara su nombre en el origen de los protocolos durante sus diversas declaraciones judiciales. PublicidadUna de esas causas la instruye el Juzgado 37 de Madrid. Preguntado por la magistrada sobre la autoría del documento aprobado el 18 de marzo de 2020, Mur respondió que firmó el protocolo inicial "como aval técnico y validación para dar apoyo a los profesionales en la toma de decisiones", y aseguró que el texto había sido presentado previamente, el 15 de marzo, por "una geriatra experta como la doctora Vidán" en una reunión celebrada en la Consejería de Sanidad y la Mesa de Apoyo al Sermas, en la que también participaron, según su relato, el entonces asesor sanitario de Ayuso, Antonio Burgueño, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Mur añadió que el documento fue remitido el 16 de marzo a él mismo y a la red de geriatras de referencia, entre ellos Peromingo y otros especialistas.Por el momento, la investigación judicial ha situado a varios ex altos cargos y responsables sanitarios del Gobierno madrileño en el centro de media docena de procedimientos abiertos. Entre ellos figuran Mur y Peromingo; Pablo Busca, quien durante la emergencia sanitaria dirigía el Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 112), organismo encargado de gestionar las ambulancias públicas; y Burgueño, designado por Ayuso como asesor sanitario al inicio de la crisis y responsable de la elaboración del plan de acción frente a la covid-19, que también figura como imputado en una de las causas abiertas. Las familias denuncian dilaciones en el proceso judicialDesde Marea de Residencias recuerdan que Clemente, hijo de una de las víctimas de las directrices y querellante en la causa que se instruye en Arganda del Rey, sí pudo declarar ante el juez en calidad de testigo, aportando un relato que la asociación considera "fundamental" para reconstruir lo sucedido. La indignación de las familias, sin embargo, llegó con la segunda comparecencia prevista ese mismo día. La declaración de la doctora Vidán, fijada inicialmente para el 9 de abril, tuvo que suspenderse debido a un error del propio juzgado, que consignó incorrectamente su nombre en la citación oficial, obligando a aplazar su comparecencia. "Denunciamos que este tipo de fallos administrativos e institucionales solo contribuyen a dilatar el procedimiento, aumentar el desgaste emocional de las familias y retrasar de manera intolerable el acceso a la justicia", sostienen desde la plataforma. "No vamos a dar un paso atrás. Seguiremos acompañando a Clemente y al conjunto de querellantes hasta que se depuren todas las responsabilidades", añaden.Publicidad"Pedimos y exigimos a Vidán que el martes diga la verdad ante el juzgado, porque aquellos protocolos dejaron abandonadas y murieron muchísimas personas. Queremos que aclare lo ocurrido y que señale a todos aquellos cargos públicos y políticos que sabían que estas medidas iban a aplicarse en las residencias, con una discriminación hacia las personas que vivían en ellas", afirma en declaraciones a Público Carmen Martín, portavoz de la asociación 7.291: Verdad y Justicia.